Monterrey

Recauda el impuesto a los juegos con apuestas solo una quinta parte de lo que se estimó

OPINIÓN.
COMENTARIO ECONÓMICO
Marco A. Pérez Valtier
mperezv@perezgongora.com
21 marzo 2017 22:55 Última actualización 22 marzo 2017 9:30
Marco A. Pérez Valter, especialista en estudios económicos y de finanzas públicas.

Marco A. Pérez Valter, especialista en estudios económicos y de finanzas públicas.

El nuevo impuesto que propuso el Gobierno Estatal para este año, para gravar a quienes juegan en los Casinos, denominado Impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas, el cual se determinó como un 10 por ciento del monto erogado por las personas que acuden a estos centros de entretenimiento, y que se causa por el sólo hecho de adquirir fichas para jugar, sus creadores estimaron que le aportaría a las arcas estatales una recaudación anual estimada de casi mil millones de pesos (943.3 millones de pesos).

El asunto es que de manera oportuna, se les advirtió a los señores legisladores, (así como también a los funcionarios de la Tesorería estatal) que dicha estimación de recaudación estaba bastante elevada, ya que utilizando los datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, así como por los empresarios dedicados a este giro, una estimación más realista ubicaba la recaudación potencial en unos 200 millones de pesos, pero hicieron caso omiso a esta advertencia.

Pasado el primer mes de la aplicación de este nuevo impuesto, la tesorería informó que sólo se recaudaron 17 millones de pesos, lo que representa un 21.6 por ciento de los ingresos estimados a recaudar.

Es decir, elevando al año la recaudación obtenida durante el mes de enero, la recaudación sería de sólo 204 millones de pesos, unos 740 millones de pesos por abajo de los ingresos estimados a recaudar.

Este déficit en ingresos aprobados, se debe sumar a la pérdida de ingresos que representa la reversa en el subsidio al cobro de la Tenencia, que si bien ésta se aplica sólo a personas físicas, representará una merma adicional en ingresos esperados del orden de entre 200 y 300 millones de pesos al año, lo que eleva a unos mil millones, la merma en ingresos, respecto a lo aprobado en Ley de Ingresos para 2017.

Si consideramos, además, que los Diputados locales le aprobaron al Gobierno del Estado (de manera irregular) una Ley de Egresos para 2017, excedida y descuadrada con respecto a la Ley de Ingresos, ya que el gasto autorizado (89 mil 589.5 millones de pesos), superó en 2 mil 432.5 millones de pesos a los Ingresos totales autorizados, (87 mil 157 millones de pesos) entonces el ajuste que ocupan las finanzas estatales, supera ya los 3 mil 400 millones de pesos, cantidad nada despreciable, que simplemente no puede ser financiada, ya que el tope de la deuda se estableció también en la propia Ley de Ingresos.

Si analizamos el proyecto de Ley de Ingresos que turnó el Ejecutivo estatal al Congreso local, podemos observar que en ese proyecto, se contemplaba colocar más deuda gubernamental, tanto de largo como de corto plazo, por un monto total de 6 mil 128 millones de pesos. Esta cantidad excluye la autorización que se solicitó para que la Red estatal de autopistas (REA) coloque más deuda por unos 9 mil millones de pesos, ya que la REA no se integra al presupuesto estatal que aprueban los diputados.

Bueno, pues nuestros generosos Diputados les autorizaron al Estado incluso mil 381.4 millones de pesos MÁS de deuda, ya que la deuda adicional aprobada sumó la cantidad 7 mil 509.4 millones de pesos, sin que mediara explicación alguna de por qué se modificó a la alza el nivel del endeudamiento aprobado.

El corolario es que el estado ya no puede colocar deuda adicional para subsanar el desbalance que se originó con el mayor gasto aprobado, más la merma en ingresos que se ha gestado por la mala estimación del ingreso proveniente del impuesto a los juegos con apuestas.

Lo razonable y sensato, es que se decrete una reducción al gasto, del orden de los 3 mil 400 millones de pesos, para hacerlo compatible con el ingreso esperado, de acuerdo a las últimas previsiones.

Si consideramos que el gasto aprobado creció en más de 12 mil millones de pesos con relación al aprobado para 2016, reducirlo a un crecimiento de casi 9 mil millones, no es precisamente un sacrificio importante.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzaspúblicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.