Monterrey

¿Qué importa la
corrupción?

Opinión. Es importante medir la corrupción, pero no es suficiente.
OPINIÓN ACADÉMICA
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

BONNIE J. PALIFKA
31 enero 2017 9:51 Última actualización 31 enero 2017 9:57
Bonnie J. Palifka

Bonnie J. Palifka

El miércoles pasado, Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) 2016. Comparado con el 2015, México perdió 5 puntos (de 35 a 30) y 28 lugares en este índice. (De hecho, creo que el IPC 2015 debió ser 30, también, debido a un error de captura, pero esa es otra historia.) Como investigadora de la
corrupción, yo esperaba ansiosamente la publicación del IPC 2016. Pero, ¿por qué les debe importar a los demás?.

“El que no transa no avanza,” dice el refrán. Pero en realidad, entre mas se transa, menos avanza el país. La corrupción es un ejemplo de lo
que los economistas llamamos “la falacia de la composición”, aunque puede ser beneficioso para uno como individuo, cuando muchos lo hacemos, la sociedad en general sufre. Cada vez que uno paga un soborno en vez de la multa de tránsito, o que se consigue un puesto por “palanca” en vez de méritos propios, o que un negocio abre sin cumplir con los requisitos, o que un congresista aprueba una ley a cambio de un beneficio propio en vez de promover el beneficio de sus constituyentes, el país sufre.

La corrupción también tiende a beneficiar a los ricos mientras perjudica a los pobres. Los ricos suelen utilizar la corrupción para evitar costos más altos (multas, impuestos, cumplir con regulaciones) pero los pobres
son más vulnerables a las demandas de extorsión—el requisito de cumplir con los requerimientos gubernamentales y además darle algo “extra” al empleado gubernamental. Los empresarios también utilizan la
corrupción para influir en las leyes, para beneficiarse más.

Se ha comprobado que la corrupción disminuye la inversión, aumenta la inflación, exacerba la mala distribución de ingresos, empeora el tipo de
cambio, perjudica la calidad de la educación y la salud, degrada la infraestructura y deteriora la confianza que tiene el pueblo en sus gobernantes. Todo esto tiene como resultado menos crecimiento económico y menos oportunidades de empleo. A la vez, la corrupción
debilita el gobierno. Cuenta con menos presupuesto para realizar los proyectos que requiere la sociedad. Desvía los recursos del estado a bolsillos privados a través del desfalco y los moches por distribuir contratos que la sociedad no necesita o a precios elevados. El vacío que deja el gobierno en estas circunstancias, deja abierto el camino para el crimen organizado. Donde el gobierno no lo hace, el crimen
organizado construye calles, escuelas, clínicas e iglesias; presta dinero; crea empleos; y protege a los empresarios cuando los empleados gubernamentales pretenden extorsionarlos. A pesar de las atrocidades que también cometen, estos actos de “bondad” les compran legitimidad
ante el pueblo, una legitimidad que el gobierno ha perdido. De esta forma, hay un círculo vicioso entre la corrupción y el crimen organizado.

Se ha dicho que solamente se puede mejorar lo que se mide. Por eso se mide la corrupción. El propósito del IPC, y de otros índices que miden la corrupción, es mantener bajo la lupa los gobiernos. Los que prestamos atención a la corrupción no lo hacemos solamente por razones de moralidad. Nuestra razón principal es que el combate a la corrupción es una forma de combatir la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, la inflación y el crimen organizado. Lo que está en juego es el desarrollo económico y social de México.

Como es evidente, la corrupción toma muchas formas. Difícilmente
podemos capturarlas todas en un solo número. El IPC no nos dice cuáles formas de corrupción se manifiestan en el país, ni cómo abordar su reducción. Tampoco nos dice dónde se presenta, ni geográficamente
ni en cuáles oficinas. Muchos tipos de corrupción ocurren a nivel municipal. Por lo tanto, necesitamos medir la corrupción a detalle, como solía hacer Transparencia Mexicana.

Es importante medir la corrupción, pero no es suficiente. Debemos
utilizar esta información para enfocar nuestros esfuerzos anticorrupción. Para combatir la corrupción, no basta con echar la culpa a los gobernantes. Todos somos responsables. La Ley de Transparencia y el Sistema Anticorrupción son incompletos. Debemos insistir en la participación ciudadana, en la eliminación del fuero y en la Ley 3 de 3. En pocas palabras, debemos insistir en que el gobierno trabaje por el
bien de México. Pero nosotros también debemos trabajar por el bien de México.

* La autora es Profesora-Investigadora del Departamento de Economía, Campus Monterrey y miembro de Ciudadanos Contra la Corrupción.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.