Monterrey

Prevención, corrupción y castigo: La economía y el crimen en México

OPINIÓN. Los fundamentos de la teoría económica parten del supuesto del establecimiento claro y la protección de los derechos de propiedad sobre un bien o servicio.
OPINIÓN 
ACADÉMICA

UANL

JORGE O. 
MORENO
TREVIÑO
19 febrero 2016 10:8 Última actualización 19 febrero 2016 10:17
Jorge O. Moreno Treviño

Jorge O. Moreno Treviño

Cuando me preguntan cuál es el principal problema económico de Nuevo León y de México, sin dudarlo mi respuesta es la dañada estructura de sus instituciones responsables de garantizar y preservar la estabilidad, paz, y justicia en el país.

Y es que no importa cuál modelo económico utilice como directriz un gobierno, ya sea capitalista con un enfoque de aprovechar las ventajas competitivas internacionales, uno de sustitución de importaciones con un enfoque al crecimiento del mercado interno, o un modelo social-demócrata con una alta participación del estado en actividades de protección social, todo esfuerzo económico por parte de nosotros como ciudadanos se verá mermado si no existen instituciones públicas confiables y efectivas.

Ante este ambiente de desconfianza e inseguridad, se desvanecen los incentivos a la inversión no sólo de las empresas sino también de los ciudadanos comunes, ya sea en capital físico con la compra de una casa o auto, o en capital humano al buscar educarse. Así, desaparecen los ideales de progreso y el mecanismo de generación de riqueza al observar los altos costos en que incurrimos por una corrupción sin castigo, el mal empleo de recursos públicos en programas enfocados en coaccionar el voto en favor de un grupo, y en cómo la riqueza de una vida honesta de trabajo y esfuerzo puede desaparecer de un momento a otro en manos del crimen organizado sin que alguien pueda evitarlo o sancionarlo.

Es realmente alarmante cómo todo lo anterior, combinado con una promoción de la cultura del placer, el poder, y la riqueza inmediata, han destruido los incentivos de emprender, estudiar, y progresar de varias generaciones de jóvenes quienes deciden emplearse en actividades ilegales que les ofrecen todo lo anterior, generando un costo demasiado alto tanto para ellos como para toda nuestra sociedad.

¿Cómo utilizar un enfoque económico para corregir el grave deterioro de nuestro tejido social? ¿Cómo empezamos a reconstruir y direccionar nuestro esfuerzo?.

En los años 60s, un joven profesor de economía tenía una cita muy importante en la Universidad de Columbia, y no obstante sus precauciones, no encontraba lugar de estacionamiento. En eso, observó un lugar disponible pero prohibido para estacionarse. El economista realizó un rápido cálculo mental de costo-beneficio para decidir estacionarse en tal lugar prohibido: comparó el valor de llegar a su presentación contra el monto monetario de la multa y la probabilidad de que fuera multado durante el tiempo que durara su entrevista y regresara por su vehículo. Con esta anécdota contada en diversas ocasiones por el protagonista, en la mente de Gary Becker surgió el primer modelo sobre el estudio de la economía del crimen, una de las razones de su merecido premio Nobel en 1992.

Los fundamentos de la teoría económica parten del supuesto del establecimiento claro y la protección de los derechos de propiedad sobre un bien o servicio, siendo el derecho a conservar la vida propia uno fundamental. En el conocido Teorema de Coase, el abogado y economista ganador del Premio Nobel en 1991, argumentó que una sociedad puede alcanzar resultados óptimos si existen instituciones que definan, garanticen, y protejan los derechos de propiedad.

Posteriormente, Elinor Ostrom, ganadora del Nobel en 2009, demostró que en situaciones donde estos derechos son difíciles de ejercer o están difusamente definidos, como es el caso de los bienes comunales, una sociedad puede agotar y destruir su propia riqueza rápidamente.

De esta forma, contrario a lo que muchos legisladores piensan, los incentivos al crimen no pueden reducirse únicamente al decretar nuevas leyes, sino es necesario establecer tres elementos complementarios a la legislación: garantizar que la persecución del delito sea creíble, elevar la efectividad de los crímenes resueltos, y decretar penalizaciones lo suficientemente altas para compensar las pérdidas sociales asociadas al delito.

Así, el problema económico de la impartición de justicia consiste en establecer leyes claras y un sistema judicial efectivo en los términos descritos anteriormente. Esto hará posible comenzar a reconstruir el dañado tejido social, combatiendo efectivamente aquellos crímenes que más daño causan, y recuperar la confianza necesaria para fomentar así el desarrollo económico de nuestro país basado en un estado de derecho.

* Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.