Hace siete años, la comunidad del ITESM y los ciudadanos que en ese momento tuvimos el privilegio de vivir en Monterrey, enfrentamos las terribles consecuencias de una clase política incapaz de dialogar y de garantizar la transición a la democracia en nuestro país.
Como parte de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico, la media noche del 18 de marzo en el sur de Monterrey, el ejército mexicano persiguió a una célula del crimen organizado. Así, los medios de comunicación informaron que las fuerzas armadas mexicanas asesinaron a dos presuntos delincuentes, justo a las puertas de la institución educativa fundada por Eugenio Garza Sada.
Pero apenas dos días después de los hechos, la comunidad del ITESM y los ciudadanos de Monterrey y su área metropolitana recibieron un golpe aún más demoledor. Los "presuntos delincuentes" asesinados por el ejército mexicano no eran integrantes de ningún cartel del narcotráfico.
Por el contrario, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran dos estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, quienes obtuvieron becas de excelencia gracias a su arduo trabajo y esfuerzo. Desafortunadamente, el ejército mexicano no solo hizo caso omiso a los jóvenes que trataron en vano de identificarse como estudiantes.
Además, el ejército mexicano sembró armas en la escena del crimen y, desde entonces, no ha reconocido el error que cometió ni el daño moral hecho no solo a los estudiantes, sino a sus familiares y a la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Así, el asesinato de Jorge y Javier no fue un error, sino una muerte extrajudicial.
Académicos como Alfonso Valenzuela Aguilera sostienen que el proceso de militarización de la seguridad pública en diferentes ciudades y regiones de América Latina es consecuencia directa de la polarización socio económica causada por la implementación de políticas neoliberales que marginalizan a un amplio sector de nuestra comunidad.
Valenzuela Aguilar sostiene que la militarización de la seguridad publica en México, enmarcada en la lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico; es una respuesta diseñada por ciertos sectores autoritarios de nuestra sociedad para quienes el control social debe ser aplicado por medios coercitivos.
Así, cuando Vicente Fox y Felipe Calderón privilegiaron la guerra sucia contra la izquierda partidista, la sociedad mexicana se polarizó a tal extremo, que ni las instituciones ni el dialogo generaron las condiciones necesarias para garantizar la gobernabilidad de nuestro país.
Para Felipe Calderón, la única forma de generar condiciones de gobernabilidad y legitimar su gobierno era utilizando la fuerza del Estado.
De esta forma, transitamos hacia un Estado que privilegió el uso de la fuerza para sostenerse y garantizar el control de los espacios públicos.
En este contexto, Javier y Jorge fueron asesinados por el Estado mexicano.
Y para que su caso no quede impune, es imprescindible que el gobierno federal se comprometa a resolverlo, brindar condiciones de seguridad y protección para sus familiares, que la Secretaría de la Defensa Nacional ofrezca disculpas públicas a los padres de ambos estudiantes, y que reconozca públicamente que Javier y Jorge estaban libres de todo nexo con el crimen organizado.
Los ciudadanos de Nuevo León queremos que se haga justicia, que la dignidad se haga costumbre y reclamamos nuestro derecho a reescribir en la memoria colectiva que Javier y Jorge fueron víctimas del Estado para evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir.
El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.