Monterrey

¿Políticas económicas de choque o reformas graduales?

OPINIÓN. Una propuesta debe en primer lugar satisfacer cualquiera de tres funciones excluyentes: llenar una carencia con una propuesta original de nuevo alcance e impacto social, complementar a una política que ha mostrado éxito dando así continuidad a la misma, o sustituir una política que ha mostrado ser inefectiva.

En medio de la creciente incertidumbre internacional, producto de los cambios en el entorno político de las principales potencias financieras, y ante la creciente señal de hostilidad comercial de Estados Unidos hacia México, no son pocas las voces que demandan un enfoque distinto en la política económica nacional. De la mano de esta demanda por resultados rápidos y visibles, en los próximos meses comenzarán a saturar los medios de comunicación aquellos aspirantes a la candidatura presidencial de nuestro país.

Al margen de las promesas de abundancia y grandeza, con propuestas que presentan cambios casi mágicos y sin costo alguno a la población, hay al menos tres preguntas importantes del trasfondo económico sobre dichas políticas económicas y que constituyen el eje de una verdadera cultura de rendición de cuentas a quienes buscan dirigir el rumbo del país: ¿cuál es el objetivo específico y a qué política actual sustituye su propuesta?, ¿Cómo se mide la efectividad y éxito de la política que presentan? Y finalmente, en caso de justificarse tal cambio ¿cuál y cómo debe ser el lapso de implementación de las reformas propuestas?

Como he expuesto en esta misma columna, en política económica como en cualquier otro tema de interés social, un cambio sin dirección, magnitud y sentido, jamás es garantía de éxito y mejora sobre las condiciones actuales.

Una propuesta debe en primer lugar satisfacer cualquiera de tres funciones excluyentes: llenar una carencia con una propuesta original de nuevo alcance e impacto social, complementar a una política que ha mostrado éxito dando así continuidad a la misma, o sustituir una política que ha mostrado ser inefectiva.

Sin embargo, no es suficiente identificar la naturaleza del cambio propuesto, sino además, generar los mecanismos cuantitativos que permitan medir las ganancias vinculadas a la nueva política implementada. Por ejemplo, en la reciente reforma financiera implementada por el gobierno federal, algunas de las ganancias prometidas a esta nueva regulación era la expansión del crédito bancario a las empresas. Sin embargo, como se mostró en un documento publicado por la FUNDEF de México (Moreno y Zamarripa, 2014), una proporción importante del crecimiento en el crédito es inercial al desarrollo natural del sistema financiero, y por tanto no puede asociarse a un impacto directo producto de la reforma.

Finalmente, un tema trascendente a cualquier política es definir el tiempo de implementación de la misma, esto es, cuándo se efectúa, y si este cambio es paulatino o se realizará de manera abrupta. Si algo nos ha mostrado consistentemente la historia económica es que no basta una buena idea y la voluntad de implementación, sino que el contexto económico, financiero y social es fundamental para garantizar su éxito.

Una de las críticas más difundidas a los cambios recientes en el precio de la gasolina a nivel nacional, al margen del mecanismo obscuro que aún representa la manera en que se determina dicho precio, fue el momento de implementación del mismo. En particular, el cambio en la política de precios se da en un contexto en el que México es importador de gasolina, el valor de la mezcla nacional es muy bajo, y el costo de distribución de la gasolina en conjunto con el impuesto especial IEPS son el componente más importante del precio final. Si la liberalización del precio se hubiera dado en un contexto en el cual el costo internacional de la gasolina era relativamente barato, los consumidores finales del producto hubieran percibido un beneficio inicial directo en su bolsillo pero además hubiera permitiendo a ellos acostumbrarse a las fluctuaciones naturales en el precio del mercado.

Un ejemplo de una reforma exitosa que reúne todos los requisitos de una política social efectiva fue el programa PROGESA implementado en la década de los 90s, con una propuesta que integraba un mecanismo de transferencias condicionadas al aprovechamiento de la complementariedad de las distintas dimensiones del capital humano: alimentación, salud, y educación. Lo anterior, sumado a una metodología nítida de evaluación de impacto con datos de acceso público, es aún ejemplo a nivel internacional de una política pública encaminada a mejorar las condiciones de vida, eliminar las carencias, y genuinamente empoderar a la sociedad.

El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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