Los ciudadanos de Nuevo León, y en general de la región del Noreste de México, han sufrido en carne propia los estragos de la violencia institucionalizada que abandera el Estado mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Y a pesar de que este tipo de violencia es la más visible, no es la única que sufrimos.
Es necesario hablar de esa otra violencia institucionalizada no solamente por los diferentes niveles de gobierno, sino también por entes sociales que resultan trascendentales en el proceso de formación de los ciudadanos como la familia, las instituciones educativas y las iglesias.
Hace una semana, la edición regional de "El Financiero-Bloomberg" publicó los resultados de la primera "Encuesta de Juventudes LGBT + en Nuevo León", un esfuerzo en conjunto de las asociaciones estudiantiles "Sociedad Íntegra e Incluyente" de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la "Asociación para la Integración, Respeto y Equidad" del Tecnológico de Monterrey.
Y a pesar de que la encuesta no es representativa, los hallazgos de este ejercicio resultan transcendentales para comprender las dimensiones de la realidad y los retos que enfrentan miles de ciudadanos que no se ciñen a la heteronormatividad que rige nuestra comunidad.
Los resultados que arrojan esta encuesta son preocupantes. En primer lugar, un 50 por ciento de los participantes aceptó ser víctima de la discriminación. Los miles de jóvenes de la comunidad LGBTIQ que son discriminados tienen el potencial de ser marginalizados por la sociedad.
Estas acciones tienen graves consecuencias sociales y emocionales de jóvenes en etapas de formación en el mediano y largo plazo.
Para un sector de la comunidad LGBTIQ, queda claro que en el corto plazo no hay una salida para enfrentar la discriminación. Por eso, la propia encuesta señala que uno de cada cinco jóvenes ha intentado, por lo menos en alguna ocasión, suicidarse por su orientación y preferencia sexual. Esta situación es alarmante. Nosotros mismos como sociedad estamos orillando, con nuestras acciones, comentarios y omisiones a excluirlos del derecho a crecer como personas en todos los sentidos y sobre todo, de aceptar y reconocer que otro mundo es posible.
Podríamos afirmar que la intolerancia y la violencia contra la comunidad LGBITQ tiene dos dimensiones. En primer lugar, la relativa a las políticas públicas que diseñan las instituciones estatales y municipales. En este sentido, los resultados señalan que un 23 por ciento de los jóvenes LGBTIQ no tienen acceso a servicios de salud. Con eso, aumenta la probabilidad de que los jóvenes sufran alguna enfermedad de transmisión sexual, ya sea por falta de atención, información y monitoreo.
En una segunda dimensión, la discriminación y la violencia que sufren los jóvenes LGBTIQ sucede en los espacios sociales más cercanos e importantes para los jóvenes y que son pilares en su formación. Un 7 por ciento de los encuestados indico que han sufrido violencia en instituciones educativas y en el seno de sus familias.
Desafortunadamente, estas actitudes en contra de la comunidad LGBTIQ tienen un alto costo. Un monitoreo de medios de la organización "Letra Ese" señala que entre 1985 y 2015, 81 ciudadanos fueron asesinados por homofobia, de los cuales 17 ciudadanos eran transgénero.
Ojalá que a través de la empatía, los ciudadanos podamos derrumbar la violencia institucionalizada contra la comunidad LGBTIQ en nuestra comunidad.
El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.