En apenas poco más de una semana liderando la administración federal
de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que rompen con varias tradiciones políticas estadounidenses.
En primer lugar, la decisión de prohibir la entrada al territorio de la Unión Americana a cualquier ciudadano procedente de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen, hace a un lado los criterios raciales en las políticas migratorias de los Estados Unidos, una política implementada por el Presidente Lindon B. Johnson.
En segundo lugar, el Gobierno de los Estados Unidos decidió darle un
giro a la relación bilateral con México. La orden de construir el muro en la frontera sur de la Unión Americana, en medio del dialogo que Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray sostenían con la Casa Blanca, fue un duro golpe de realidad para el gobierno federal.
Afortunadamente, el Presidente Enrique Peña canceló la reunión programada con el Presidente Trump en Washington D.C. Es cierto que un sector de la sociedad respalda las acciones del gobierno federal pero parece que ese apoyo proviene de los grupos económicos, políticos y sociales que le han aplaudido al Presidente de México desde el primero de diciembre del 2012.
Sin embargo, un amplio segmento de la sociedad mexicana ve con escepticismo las decisiones y acciones del gobierno federal. Hasta el momento, las medidas anunciadas por Los Pinos solo reflejan los buenos deseos de darle continuidad al Tratado de Libre Comercio de una forma reactiva y sin la intención de relanzar la relación bilateral.
Los vacíos políticos comienzan a ser ocupados y las propuestas no se han hecho esperar. López Obrador sugiere llevar la intención de construir el muro ante instancias internacionales y el ex Presidente Felipe Calderón, impartió catedra de lo que él haría como responsable de la política federal. Por supuesto, los dos buscan reflectores para apuntalar sus respectivos proyectos políticos con miras a las elecciones
presidenciales del 2018.
Es importante recordar que a nivel nacional y estatal, seguimos enfrentando enormes retos como el pacto de impunidad, la corrupción y un débil Estado de Derecho. En Nuevo León, ya no sabemos si Jaime Rodríguez está empecinado a llevar a la cárcel a Rodrigo Medina por las pruebas que tiene o por el alto valor político que representaría castigar a los políticos corruptos en el país.
Es una lastima que los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la
defensa de los derechos de la comunidad LGBT y la generación de oportunidades de movilidad económica y social para terminar con la desigualdad no sean parte fundamental de la agenda del Gobernador Rodríguez Calderón.
Nuevo León enfrenta un escenario sumamente complicado. La orden
de construir el muro es el primer paso para aislar a los Estados Unidos y dificultar el comercio con México. En el corto plazo, Trump seguirá desincentivando a las empresas estadounidenses de invertir en Nuevo León y en el mediano plazo, la propuesta de tasar las importaciones mexicanas con un 20 por ciento puede ser una realidad. A este escenario, hay que agregar los próximos incrementos en el precio de
la gasolina y sus efectos inflacionarios.
Mientras esto ocurre, ningún actor político neolonés ha propuesto una
agenda para construir una sociedad sostenible en el mediano y largo plazo. Los neoloneses merecemos esperanza y propuestas concretas para enfrentar la incertidumbre en ciernes.
* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.