Nuestra sobrevalorada democracia
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Monterrey

Nuestra sobrevalorada democracia

OPINIÓN. El Partido del Trabajo ha recibido una estocada importante en su reputación, minando las posibilidades de López Obrador a la Presidencia y de paso, sembrando más interrogantes a la viabilidad de una “Presidencia Bronca”.

ENTRADA LIBRE​Sergio López Ramosslramos2020@gmail.com Twitter: @serlopram
31/10/2017
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En nuestro país la justicia parece ser más eficiente cuando los tiempos electorales se acercan. De acuerdo con investigaciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto, María Guadalupe Rodríguez Martínez habría recibido en su cuenta personal un depósito de 100 millones de pesos, dinero proveniente del Gobierno del Estado de Nuevo León, para sufragar los gastos administrativos de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) que dirige. Nada de esto tendría de extraordinario si existiera un contrato de por medio para justificar los movimientos financieros.

Pero aquí no termina la trama. Rodríguez Martínez es la esposa de Alberto Anaya, Presidente del Partido del Trabajo y socio de diversos proyectos de emprendimiento político de Andrés Manuel López Obrador.

Queda claro que el gran triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es haber creado un sistema de partidos a imagen y semejanza del instituto fundado por Plutarco Elías Calles, un sistema donde los ciudadanos tienen que elegir al “menos peor” de una élite política en franca decadencia.

El Partido del Trabajo fue fundado en 1990, y aunque perdió su registro en las elecciones intermedias de 1991, pudo recuperar su registro ante el entonces Instituto Federal Electoral, cosechando poco menos de un millón de votos en las elecciones presidenciales de 1994, dividiendo aún más a la izquierda partidista en aquellas elecciones.

Mucho se ha criticado al Partido Verde Ecologista de México por la rentabilidad política y económica producto de los amasiatos que sostiene, pero francamente, el Partido del Trabajo tiene una función parasitaria similar a la del Verde. En las elecciones presidenciales acostumbra construir coaliciones con Andrés Manuel, pero en Monterrey prefiere ser comparsa del PRI, mientras que en Aguascalientes fue aliado del partidazo a la Gubernatura de aquel estado.

La razón es muy sencilla: López Obrador se ha convertido en el candidato anti-status quo a nivel nacional, mientras que en Monterrey prefiere vender la franquicia que construir una verdadera izquierda local.

Allí tiene usted la candidatura de Patricio Zambrano a la Alcaldía de Monterrey. El simple hecho de haber lanzado al ex conductor como candidato sintetiza el pragmatismo político sobre lo que realmente necesita nuestra comunidad: ciudadanos de tiempo completo. Por supuesto, Anaya y los integrantes de su partido son políticos mexicanos, no apóstoles de la democracia.

Y así como Fidel Velázquez dirigió el sector obrero del PRI a través de la Confederación de Trabajadores de México por 56 años, Alberto Anaya y la dirección colectiva del Partido del Trabajo llevan prácticamente 27 años liderando un partido político que, en teoría, debería de ser democrático, permitiendo la renovación de sus cuadros directivos e incentivando la construcción de una ciudadanía crítica y participativa.

Por supuesto, la trama no concluirá hoy, ni mañana sino hasta que el nuevo Presidente de México tome posesión de su cargo el primero de diciembre del 2018. No sabemos si las investigaciones de las autoridades correspondientes, las cuales están bastante cuestionadas por la sociedad, serán concluyentes y nos permitirán conocer la verdad. Pero el daño ya está hecho. El PRI trabaja con ahínco para demostrar que los vicios de sus opositores, son las virtudes del partidazo y del sistema que funciona en base a la corrupción y la impunidad.

El Partido del Trabajo ha recibido una estocada importante en su reputación, minando las posibilidades de López Obrador a la Presidencia y de paso, sembrando más interrogantes a la viabilidad de una “Presidencia Bronca”.

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

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Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.