Monterrey

Masacres en el desierto

OPINIÓN. El informe de la FIDH señala de forma contundente que la situación de violencia en Coahuila no es exclusivamente producto de la guerra contra el narcotráfico. Por el contrario, concluye que hay evidencia suficiente para señalar que las instituciones estatales de seguridad pública consintieron, apoyaron y fueron parte fundamental en la instrumentación de un ataque frontal y continuo en contra de los ciudadanos de Coahuila.
ENTRADA LIBRE
Sergio López Ramos
slramos2020@gmail.com
Twitter: @serlopram
11 julio 2017 8:26 Última actualización 11 julio 2017 8:26
Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Hace cinco días, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil regionales dieron a conocer el informe titulado “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad.”

La FIDH es una organización no gubernamental, que a nivel internacional trabaja en la defensa de los derechos humanos. En su seno convergen 184 organismos nacionales de derechos humanos que pertenecen a 112 países. En este contexto, la FIDH tiene como uno de sus principales objetivos trabajar con actores locales para reforzar su capacidad de acción, empoderando a organismos regionales en la lucha por los derechos humanos.

De esta forma, el informe documenta, analiza y difunde información crítica sobre la seguridad estatal en Coahuila y, en especial, sobre el uso de la privación de la libertad física, la tortura y desapariciones forzadas.

Es importante subrayar que, de acuerdo con las evidencias recabadas por la FIDH, estos hechos se orquestaron como parte de un proceso sistemático contra los habitantes del estado de Coahuila.

Para tener en cuenta la gravedad de la situación, es necesario rescatar algunas cifras que la propia FIDH destaca. A nivel regional, México se ubica como el país con la mayor tasa de homicidios y desapariciones forzadas en la última década. Hasta el momento, se han contabilizado 200 mil asesinatos y 32 mil desapariciones.

Dentro de este contexto nacional, el informe de la FIDH señala de forma contundente que la situación de violencia en el estado de Coahuila no es exclusivamente producto de la guerra contra el narcotráfico ni de la casualidad. Por el contrario, concluye que hay evidencia suficiente para señalar que las instituciones estatales de seguridad pública consintieron, apoyaron y fueron parte fundamental en la instrumentación de un ataque frontal y continuo en contra de los ciudadanos de Coahuila.

De acuerdo con el análisis del informe de la FIDH, del año 2009 al 2011-2012 en Coahuila, las autoridades estatales de seguridad, en forma conjunta con “los Zetas”, realizaron crímenes de lesa humanidad. Y del periodo que abarca del 2011-2012 al 2016, las instituciones estatales de seguridad de Coahuila perpetraron crímenes de lesa humanidad de forma directa contra los ciudadanos de Coahuila a través de fuerzas especiales de seguridad.

Las conclusiones de la FIDH se basan en el análisis de 500 casos de detención arbitraria, y desaparición forzada, específicamente en 73 casos de víctimas. También incluye hechos como la matanza de habitantes en Allende, Coahuila en el 2011 y la administración del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Piedras Negras. En ambos casos, el grupo delictivo de “los Zetas” habría operado no solo con la anuencia de las autoridades estatales de seguridad sino incluso con el apoyo de las mismas. Así, el CERESO de Piedras Negras se habría convertido en un espacio de operación del crimen organizado, donde habrían asesinado a 150 personas.

El informe fue presentado ante la Corte Penal Internacional, instancia a la que se solicitó la apertura de un “examen preliminar” para investigar estos hechos. De ser cierto, las administraciones estatales de los hermanos Moreira habrían co-gobernado con el crimen organizado, borrando la línea entre los poderes institucionales y facticos en Coahuila.

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.