Los impuestos son una transferencia de recursos del sector privado al sector público, o sea, al Gobierno. En el caso de las empresas, el Impuesto sobre la Renta disminuye el rendimiento neto del capital invertido, reduciendo las utilidades, las cuales son la principal fuente de financiamiento. A mayores impuestos, menor rentabilidad y menor reinversión de utilidades.
La reforma tributaria introducida por el gobierno de Peña Nieto, no solo incrementó la base sobre la cual las empresas pagan el Impuesto sobre la Renta Empresarial, sino que también creó un nuevo impuesto a las utilidades distribuidas, por lo que el impacto negativo fue doble, más Impuesto sobre la Renta, y un nuevo tributo al momento de retirar utilidades.
En el caso de las personas físicas asalariadas, el impuesto sobre la renta contiene un mecanismo de subsidio que protege a los trabajadores de bajos ingresos del pago del tributo, el cual empieza a pagarse, de manera efectiva, a partir de entre tres y cuatro salarios mínimos de ingreso. Es decir, los pobres no pagan efectivamente el impuesto sobre la renta.
Como la tarifa del impuesto es progresiva, quienes generan mayor ingreso, pagan proporcionalmente un mayor impuesto, y la consecuencia económica en bienestar, es que reducen principalmente su nivel de ahorro, ya que la regla es que nadie deja de comer para pagar impuestos.
Lo que tenemos entonces, es que el sector privado transfiere al Gobierno utilidades de las empresas y ahorros de las personas físicas, al pagar impuestos, recursos que, de no haber sido reclamados por el Gobierno, se hubieran destinado a Inversiones productivas, mientras que el Gobierno utiliza estos recursos, de manera mayoritaria, en más de un 80 por ciento, a gasto corriente improductivo, lo que reduce el crecimiento económico del país.
En teoría, esta redistribución del ingreso, llevaría recursos económicos a los más necesitados, vía un gasto social, a través de programas de beneficio a sectores necesitados, sin embargo, si la pobreza ha seguido subiendo en el país, a pesar del mayor gasto social gubernamental, algo no está funcionando bien.
El costo social de pagar mayor impuestos, los cuales han pasado de un 8 por ciento del PIB a más de un 12 por ciento en tan solo unos años, se ha reflejado indiscutiblemente en un menor crecimiento económico, mientras que el beneficio social está en tela de duda al seguirse incrementando el número de mexicanos que viven con alguna condición de pobreza.
Si la redistribución del ingreso conlleva a un menor crecimiento económico, la idea de primero crecer, y luego redistribuir, no está tan fuera de lugar.
Un corolario de este comentario, es que no puede haber una política tributaria "promotora" del crecimiento económico, ya que por definición, los impuestos reducen los ingresos de los empresarios. No se puede "promover" a nadie quitándole recursos.
En todo caso, lo que podríamos decir es que una reforma impositiva "desincentiva" menos que otra, pero nunca que "promueve" el crecimiento económico. Ningún país se ha desarrollado incrementando sus impuestos.
* El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.
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