Monterrey

Los engranes de la participación ciudadana

OPINIÓN. Participar y saber cómo hacerlo es una obligación para la ciudadanía y una necesidad para la paz, porque no hay otra puerta que nos saque de la grave crisis política y social que vivimos.

En Monterrey no sabemos cómo participar. El Financiero Monterrey publicó en mayo de este año los resultados de la encuesta de ciudadanía, participación ciudadana y educación cívica. Pero además hay una Ley de Participación Ciudadana en el estado, la cual tuvo una historia de digna de telenovela: más de diez años entrando y saliendo del congelador legislativo, no murió gracias al compromiso y constancia de muchas personas y organizaciones de la sociedad civil (OSC's). El 9 de noviembre del año pasado entró en vigor y desde entonces la ciudadanía neolonesa tiene siete instrumentos para participar activamente en la toma de decisiones públicas.

No es ley muerta, como muchos presagiaban, y a pesar de que el Congreso Local tiene trabajo pendiente, ya hay seis solicitudes de consultas populares, una aprobada y cinco en evaluación. Al parecer en un ejercicio visionario y comprometido, las mismas OSC's se pusieron dos metas: sacar una ley, la que fuera; y dos, activar alguno de los instrumentos de participación aprobados, poner en movimiento a los engranes legislativos y ciudadanos. Y les salió bien, el tema se politizó o se partidizó, todo el mundo quiso su trozo de presencia en la recolección de firmas. Pero de los siete instrumentos de participación sólo está operando uno, la Consulta Popular. Pocas personas saben de la Consulta ciudadana, la Iniciativa popular, la Audiencia pública, las Contralorías sociales, el Presupuesto participativo y la Revocación de mandato. ¿A quién le toca informarlo? ¿Las personas tienen la obligación de informarse o las instituciones públicas tienen la obligación de hacer saber a la gente, o es un ejercicio en ambos sentidos?

La verdad es que todos y nadie tienen responsabilidad, la dinámica de informar y/o de ser informado es una práctica en desuso a la manera tradicional, y renaciendo a la luz de redes sociales. La responsabilidad ética es de cualquier persona en la élite económica, académica, política, deportiva, cultural y social. Participar y saber cómo hacerlo es una obligación para la ciudadanía y una necesidad para la paz, porque no hay otra puerta que nos saque de la grave crisis política y social que vivimos.

Las instituciones públicas tienen que dejar participar porque no hay otra forma de recuperar la confianza ciudadana, porque no hay futuro sin el aval ciudadano.

Algunos creen y afirman que no se pueden usar los instrumentos de participación ciudadana al no haber legislación secundaria; éstas leyes detalladas que establecen cómo se van usar. Pero es falso, la ley vigente ya garantiza el derecho a la ciudadanía para activar algunas, -yo le apuesto a las contralorías sociales y los presupuestos participativos porque surgen desde las colonias y la toma de decisiones se advierten-.

Es cierto que una solicitud pondrá a trabajar a las autoridades responsables, será una carrera entre debates y lineamientos, y tal vez resulte en una simulación pero al final creo que será útil. Es una forma de aprender, de participar y colaborar con quienes ya hicieron efectivo el derecho a la participación ciudadana, ahora toca aceitar los engranes.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultura a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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