Monterrey

Los datos de NL en el sistema de alertas de la deuda difieren a los reportados en la cuenta pública

OPINIÓN. Revisando los números que publicó la Secretaría de Hacienda para el caso de Nuevo León, y comparándolos con los reportados por el Estado en su Cuenta Pública para 2016, surgen algunas inconsistencias que sería conveniente que alguna autoridad aclarara.
COMENTARIO ECONÓMICO
Marco A. Pérez Valtier
mperezv@perezgongora.com
26 julio 2017 12:41 Última actualización 26 julio 2017 12:42
Marco A. Pérez Valtier

Marco A. Pérez Valtier

Como sabemos, el sistema de alertas, o semáforo de la deuda estatal, entró en funcionamiento apenas a principios de este mes de julio, y ubicó a la deuda del Estado de Nuevo León en “Observación” lo que equivale a luz amarilla, lo que limita el nuevo endeudamiento, a partir del próximo año, a tan solo un 5 por ciento de los ingresos de libre disposición (ILD).

Los ILD, se definen como los ingresos propios que recauda cada entidad federativa por concepto de impuestos locales, así como los ingresos por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, adicionados de la Participaciones que reciba el Estado, (netas de las participaciones enviadas a los Municipios) más los recursos que llegara a percibir provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que se reciben cuando bajan las Participaciones.

Si consideramos que los ILD de NL fueron de $38.1 miles de millones de pesos en 2016, el techo de la deuda, de haberse aplicado esta Ley en 2017, hubiera sido de solo $1,907 millones de pesos, cuando el Congreso les aprobó más de $6,128 millones de pesos, es decir 3.2 veces más de lo que se hubieran podido endeudar.

No es de extrañar entonces, que hayan aprovechado que este semáforo de la deuda se aplicará hasta 2018, y estén solicitando al Congreso más deuda, para entracalar a la Red Estatal de Autopistas, solicitando autorización por $9 mil millones de pesos adicionales a la deuda ya autorizada.

Bueno, pero el fondo de esta nota, es que revisando los números que publicó la Secretaría de Hacienda para el caso de Nuevo León, y comparándolos con los reportados por el Estado en su Cuenta Pública para 2016, surgen algunas inconsistencias que sería conveniente que alguna autoridad aclarara.

Primero, el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Disciplina Financiera, publicado el pasado 31 de Marzo, señala que dentro de la Deuda Pública y las Obligaciones a registrar como deuda, se deben incluir las contratadas por cualquier Ente Público (Léase en este caso Instituto de Control Vehicular) cuando la garantía o fuente de pago sean Ingresos de Libre Disposición.

En este caso, es OBVIO que la garantía de pago de los $5,176 millones de pesos que debe el ICV, están garantizados con Ingresos de Libre Disposición del Estado, como la Tenencia y los Derechos vehiculares, pero resulta que ésta deuda NO se contabilizó dentro de los $44,734.5 millones de pesos que reporta Hacienda.

Otra discrepancia corre a cuenta de “Otros Pasivos” a corto plazo, como los Proveedores, ya que la cuenta pública reporta $8,292 millones de pesos contra $6,439.6 de Hacienda.

Con relación a las Obligaciones de pago derivadas de la Torre Administrativa, la cuenta pública reconoce obligaciones de pago por $4,410 millones de pesos, mientras que en el registro de Obligaciones de pago reportadas a Hacienda, solo aparecen dos, una de unos ochocientos millones de pesos y otra de unos cuatrocientos millones, sin especificar a qué concepto corresponden.

Lo peor, es que sólo se registran $48.2 millones de pesos en el rubro de Servicio de la Deuda, asociado al pago de “Inversiones” en Asociaciones Público Privadas, lo cual es simplemente increíble.

Esto es delicado, y sería conveniente que alguna autoridad aclarara estas discrepancias. En otra nota abordaré la tendencia de este semáforo.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzaspúblicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.