Monterrey

Libertad, competencia y
especialización: la amenaza al desarrollo económico.

Opinión. Resulta necesario defender los principios que han traído bienestar y prosperidad a nuestra sociedad.
OPINIÓN ACADÉMICA
UANL

JORGE O. MORENO​
10 febrero 2017 9:45 Última actualización 10 febrero 2017 9:53
Columnista

Jorge O. Moreno, Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL

Hace unos días, reflexionando en la sobremesa con mi familia sobre los eventos políticos internacionales recientes, busqué identificar los elementos fundamentales de la preocupación existente en torno a esta compleja situación global, particularmente desde mi profesión de economista.

Al meditar un poco sobre el contenido fundamental de tal inquietud, pude concluir que la dirección de política pública que han seguido países con economías desarrolladas e instituciones políticas consolidadas como Estados Unidos y Gran Bretaña, ha sido en sentido contrario a los elementos fundamentales presentes en los argumentos de prosperidad y desarrollo de una sociedad: la libertad, la competencia, y la eficiencia.

En primer lugar, en estos momentos existe un fuerte castigo a la libertad de pensar diferente; hablar públicamente de ideas contrarias a las “políticamente correctas” convierte a la expresión libre en un complejo ejercicio en dónde uno puede pasar de ser fascista a ser anarquista en el transcurso de unos cuantos comentarios de “abajo-firmantes”, como se les denomina a quienes comentan en internet. El abuso de la anonimidad de las redes sociales ha hecho del golpeteo
e insulto basado en cuentas sin contraparte humana (“bots”), y del uso de información falsa a modo, las herramientas que sustituyen al diálogo abierto y moderado en búsqueda de un acuerdo común reflexionado. El
problema es que sin una garantía al respecto a la libertad de pensar diferente, y el “estar de acuerdo en estar en desacuerdo”, es imposible la construcción de un diálogo moderado y orientado a mejorar nuestra sociedad.

Un segundo punto amenazado por los cambios políticos actuales
constituye el retroceder a una idea proteccionista de la industria y el comercio que perjudicaría al consumidor en el acceso a alternativas y calidad en las mercancías que requiere, encareciendo su precio y limitando su acceso. Como lo han reflexionado múltiples autores, gran parte de los avances en bienestar de nuestra sociedad durante la segunda mitad del siglo pasado fueron las ganancias en salud y el acceso a tecnología. Es imposible pensar que la erradicación de enfermedades que aún ocasionaban estragos a principios del siglo XX, pudieran haber sido alcanzados sin un sistema que favoreciera la competencia e innovación tecnológica en forma de inversión productiva privada. La tecnología, tanto en el área médica como en telecomunicaciones, prosperó principalmente por los incentivos privados a invertir, innovar, y competir ya sea por ser la mejor alternativa en un mercado existente (como el caso de DOS y su evolución a Windows en los sistemas operativos durante la década de los 1990), o ser una nueva alternativa creando un mercado nuevo (como el caso del Iphone
de Apple, dando surgimiento a los “smartphones” en la década de los
2000).

Finalmente, derivado de la competencia y la búsqueda de la  eficiencia, surge la necesaria especialización. Desde el nacimiento mismo de la ciencia económica, Adam Smith en su tratado clásico “La Riqueza de las Naciones” (1776) establece que la especialización del trabajo constituye un factor determinante en la eficiencia productiva de una sociedad, ya que reduce costos, y permite aprovechar lo que posteriormente se definió como “ventajas competitivas”. De la misma manera en que resulta prohibitivamente costoso para una persona vivir en autarquía (eso es, sin depender de nadie) y ser auto-provisor de todas sus necesidades de alimentación, vestimenta, y salud, por mencionar las básicas, así también entre sociedades, la abundancia relativa de recursos y el fomento a la inversión tecnológica, de la mano
de un sistema judicial funcional, constituyen los fundamentos de la reducción en costos de producción, y el aumento en la capacidad
productiva. Cerrar los países al comercio internacional, argumentando
únicamente las pérdidas asociadas a los cambios derivados de la reasignación de recursos para aprovechar las ventajas comparativas,
es negar los beneficios en reducción de precios y aumento en el acceso a mercancías, y privar de ellos a los consumidores más vulnerables, incapaces de adquirir o sustituir estas mercancías si sus precios se incrementan.

Hoy más que nunca, resulta necesario defender los principios que han traído bienestar y prosperidad a nuestra sociedad, y no retroceder en la construcción de la comunidad a la que aspiramos como país, y como sociedad global.

*El autor es doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.​

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.