Monterrey

La Responsabilidad Social y la política II

OPINIÓN. Tanto los poderes ejecutivos, alcaldes, gobernadores y presidente del país, y por supuesto los legisladores, deben buscar las formas para que se genere un ambiente que propicie y que promueva la creación de las llamadas empresas sociales, o bien fomentar negocios inclusivos, que sea algo que ayude al desarrollo social y económico.
ECOLOGÍA SOCIAL
Antonio Tamayo Neyra
anttamayon@gmail.com
17 noviembre 2017 8:29 Última actualización 17 noviembre 2017 8:29
Antonio Tamayo Neyra, periodista de investigación en Responsabilidad Social.

Antonio Tamayo Neyra, periodista de investigación en Responsabilidad Social.

Ahora que estamos ya entrando a la etapa de campañas políticas con miras a las elecciones de junio de 2018, es importante que, dentro de los programas a considerar por cada partido o candidato, se incluya como un tema importante la responsabilidad social y por supuesto la sustentabilidad.

Pero que no se manejen solamente como lema de campaña y dentro de la mercadotecnia típica en estas temporadas, sino como un aspecto importante que pueda ayudar a resolver la problemática socioeconómica que existe en todo el país.

Considerando como se dijo en un artículo previo que la responsabilidad social es la mayor responsabilidad (valga la redundancia), de cual “servidor” público, deben entonces generar los mecanismos legislativos a su alcance para que se desarrolle todavía más en comparación a la que ahora existe.

Un ejemplo de ellos puede ser el generar incentivos fiscales, que sirvan como motivador para su desarrollo y no se utilice solamente para efectos publicitarios. Esto puede ser un aspecto importante, establecer incentivos y no solamente prohibiciones o castigos que inhiben el espíritu empresarial, principalmente en las medianas y pequeñas empresas.

Tanto los poderes ejecutivos, alcaldes, gobernadores y presidente del país, y por supuesto los legisladores, deben buscar las formas para que se genere un ambiente que propicie y que promueva la creación de las llamadas empresas sociales, o bien fomentar negocios inclusivos, que sea algo que ayude al desarrollo social y económico.

Este tipo de empresas sociales o la realización de negocios inclusivos, afortunadamente ya existen en el país y se siguen desarrollando, pero son tratadas fiscalmente como el resto, y no reciben algún tratamiento especial por la labor social que están haciendo.

Aclaro, no estoy hablando que el gobierno les otorgue algún apoyo, lo cual sería muy bueno, sino que al menos nos les quite y las apoye en todas las formas, ya sea desde la tramitología, hasta el aspecto fiscal, algo que sería de mucho beneficio, tanto para las propias empresas, como para todas las comunidades que están apoyando.

En estas organizaciones el lucro no es su objetivo principal, sino el medio para un propósito mayor, el que grupos y comunidades puedan mejorar su nivel socioeconómico.

Es importante que el gobierno vea a las empresas como un apoyo para la mejora de la sociedad, y no la fuente pecuniaria para sus propias necesidades; creo que la coyuntura actual permite el cambiar paradigmas y pensar ahora que la política como la búsqueda del bien común, no solamente es para quienes están en el gobierno, que es una actividad que nos pertenece a todos los miembros de la sociedad, y por ello hacer todo lo necesario para la mejora de esta sociedad.

Inmersos ya en pleno siglo XXI, considero que ya es momento de “cambiar el chip” del siglo pasado, dejar esas ideas que ya no funcionan y que solamente se han convertido en una rémora que no permite ver hacia el futuro.

Seguiremos platicando …

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Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.