Monterrey

La región menos transparente

OPINIÓN. Seamos realistas. Un verdadero mensaje contra la impunidad se centraría en desmontar las redes de prestanombres e ingeniería fiscal que diseñan y construyen los ex gobernadores y políticos mexicanos.
ENTRADA LIBRE
Sergio López Ramos
slramos2020@ gmail.com Twitter: @serlopram
18 abril 2017 10:56 Última actualización 18 abril 2017 10:56
Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Muchos ciudadanos nos preguntamos en qué momento se frustró el proceso de transición a la democracia en nuestro país. En 1977, la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales otorgaba a los partidos políticos dos aspectos fundamentales para la democratización de nuestra “democracia:” a) el financiamiento a partidos políticos y b) la creación de diputados plurinominales.

Así, el sistema político mexicano comprendió que abrirle la puerta a los partidos de oposición, le permitía controlar las condiciones del sistema.

Esto devino en uno de los mayores alcances de la cultura política del PRI: lograr que los demás partidos actúen de acuerdo a las facultades meta constitucionales de la política mexicana: corrupción e impunidad sin importar las consecuencias. De esta forma, los partidos políticos comenzaron a visualizar la otra perspectiva del poder que el sistema les había negado y comprendieron que, para hacer patria, vivir fuera del presupuesto era vivir en el error.

Así llegamos hasta las elecciones del 2012 cuando el entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, celebró la renovación de su instituto político, declarando que gobernadores como Javier y César Duarte, así como Roberto Borge representaban los nuevos valores del PRI.

Cinco años después, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró que “quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos.

Independientemente de lo que determine el poder judicial, estas detenciones (Yarrington y Duarte) son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”.

Seamos realistas. Un verdadero mensaje contra la impunidad se centraría en desmontar las redes de prestanombres e ingeniería fiscal que diseñan y construyen los ex gobernadores y políticos mexicanos.

Entre quienes engrosan estas filas se encuentran tanto los familiares de Duarte que viajaron a Guatemala en un avión privado, hasta el ex gobernador Egidio Torres Cantú, quien proporcionaba elementos de seguridad a Tomás Yarrington.

Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue capaz de armar un expediente contra Elba Esther Gordillo, ¿por qué no hacerlo contra los ex gobernadores señalados? Las detenciones no pueden ser celebradas como una victoria de la justicia sino como una burla para los mexicanos por todo el sistema de complicidades existente.

Pero no nada mas hay que seguir el dinero. Hay que tener el valor político y sobre todo, dimensionar la compleja situación del país. Los ciudadanos de Nuevo León y de México acumulan agravios y un deseo de terminar por todas con estas prácticas.

El problema es que en Nuevo León, las redes de corrupción y el sistema de impunidad no han desparecido sino que han sido sustituidos por otros.

La nueva red de corrupción que existe en el gobierno de Rodríguez
Calderón
quedó a relucir desde que, como candidato, se niega a hacer pública la lista de las personas que financiaron su campaña.

En una segunda fase, el escandalo de las cobijas sólo le demostró a los ciudadanos que la escuela priista de cultura política nacional tenía éxito en el gobierno independiente de Rodríguez Calderón. Los discursos del cambio se han topado con una realidad dura pero que tenemos que asumir.

Por supuesto, el sistema estatal de impunidad sigue cumpliendo sus funciones a cabalidad. Ningún ex funcionario de la administración anterior ha sido juzgado ni se han fincado responsabilidades. Y aunque Rodrigo Medina fue detenido por unas cuantas horas en la entidad, e inmediatamente la imagen fue compartida en redes sociales y medios de comunicación electrónica.

¿Será cierto que no hay mal que dure cien años? .

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.