La única confianza cara es la que no se quiere otorgar. Pienso en las elecciones.
Cuando no se cree en la persona o institución, se deja venir una cascada de requisitos y garantías prácticamente insalvables, y por lo mismo, cuestionables a la hora de su aplicación.
Así está el sistema judicial mexicano, se trata de una madeja de leyes federales, generales o locales, auxiliadas por códigos, tesis y/o jurisprudencias –por analogía, también sentencias-.
Me resulta más sencillo comprender y aplicar una matriz de cuatro dimensiones con sus tradicionales ejes x, y, z y µ.
Para agravar la situación el Poder Legislativo deja pendiente la tarea de regular.
En noviembre de 2016 en Nuevo León festejamos la aprobación de una Ley de Participación Ciudadana que abonara a: 1) la confianza ciudadana a través de la vigilancia; 2) el involucramiento ciudadano a través de la participación en consultas populares o asambleas vecinales, entre otros instrumentos.
Un problema que hoy vive el estado -y la bomba está en la CEE- es cómo verificar las firmas de una Consulta Popular porque el Congreso local dejo sin regular los pormenores de su aplicación.
¿Hasta dónde la estadística es suficiente para esta verificación?
¿Hasta dónde los resultados revelan, o podrían revelar, conductas atípicas que aroma a fraude?
¿Hasta dónde alcanza el porcentaje de confiabilidad en los resultados para generar certeza jurídica?
Esto molesta. Tendremos que invertir dinero público en una reposición muestral.
Esto para las cinco consultas vigentes porque no fue posible llegar a la muestra establecida.
Supongo que algunos ciudadanos desconfiaron del verificador, porque no saben que la ley establece este requisito; en otros casos porque la persona no vive ya en dicho domicilio, o éste no existe, asunto muy frecuente cuando no se actualiza la credencial de elector; otros, porque se negó la entrada al verificador.
En pocos, pero suficientes para generar dudas, porque la persona afirma que ella NO apoyó la consulta con su firma.
De esto habrá que aprender a ahorrar porque de igual forma se viene la verificación de las firmas para las candidaturas independientes.
Si no fuera una institución pública, la CEE tendría información suficiente para tomar decisiones, pero es una institución que vive del dinero público debe generar "certeza jurídica" y esto significa pagar sueldos a verificadores, seguro social, gasolina, vehículos y tiempo a una bandada de verificadores que irán de puerta en puerta buscando una respuesta: "sí firmé o no firmé" hasta completar una la cantidad suficiente para proveer una "certeza jurídica".
Viene después una cadena de impugnaciones de quienes no obtengan el sí. Y de quienes obteniendo el sí, afirmen que la reposición muestral se hizo para favorecer a uno o a otro; tribunales que obliguen a verificar todas –no una muestra- de las firmas recabadas, o bien, controversia en los medios.
Por favor, legislativo, hagan leyes claras y suficientes; iniciadores de consulta, no hagan trampas; ciudadanos, respondan y mantengan actualizada su credencial de elector. Porque esta confianza está saliendo muy cara.
La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultura a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.
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