Pareciera que estos días, los ciudadanos de la entidad hemos leído la trama de una novela policíaca. El primer capítulo sucedió el 28 de marzo cuando el gobierno de Chihuahua emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador Javier Duarte. Dos días después el Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido en los Estados Unidos acusado de tráfico de drogas.
El tercer caso apenas sucedió ayer. El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido en Italia por presuntos nexos con el crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pareciera que la clase política de este país ha decidido borrar las líneas que dividen a los partidos políticos y el crimen organizado para operar como un solo grupo bajo un manto de impunidad.
Y bajo el mismo manto de impunidad y corrupción, Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el mismo instituto que postuló a Duarte y a Yarrington para las gubernaturas de los Estados de Chihuahua y Tamaulipas y del cual es militante Edgar Veytia; ha sido acusado por el Gobierno de Nuevo León por poseer placas de taxis pero sin haber contado con la residencia necesaria en nuestra entidad.
Pero, ¿cómo podrían influir estos "acontecimientos aislados" en la dinámica política regional? Para comenzar, analicemos el caso de Coahuila, donde en menos de dos meses, los ciudadanos de la entidad celebrarán elecciones para renovar las autoridades locales.
A diferencia de los ex gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas, Humberto Moreira no solamente está libre sino que es candidato a diputado por el Partido Joven. No solamente está buscando fuero, sino la legitimación política necesaria para limpiar su nombre y regenerar su poder político en la entidad.
En el caso de Nuevo León, la acusación en contra de Ochoa Reza puede tener varias lecturas. La primera supondría que esta acción pretende levantar los bonos de Jaime Rodríguez y posicionarlo en el imaginario popular como el Gobernador que acusa de corrupción al líder del partido en el poder en México.
Si bien, no se ha logrado comprobar que Rodrigo Medina de la Cruz haya realizado actos de corrupción en la entidad, el caso de Ochoa Reza puede servir además para negociar con el gobierno federal mayores partidas presupuestales o hasta tratar de influir en quien sería el Gobernador sustituto en caso de que "El Bronco" decida buscar una candidatura independiente a la Presidencia de la República.
En el caso de Tamaulipas, la detención de Tomás Yarrington es una fuerte llamada de atención para los grupos políticos priistas sobre lo que se puede venir en el 2018. El gobierno estatal no solamente necesita diferenciarse de los gobiernos estatales anteriores, sino que además necesita crear las condiciones para ganar los puestos de elección que se jugarán en el 2018 como diputados federales y senadores.
Posiblemente estos casos también tengan repercusiones electorales en Nayarit y el Estado de México. Pero lo que queda claro, es que conforme transcurren los meses, el Partido Revolucionario Institucional ha quedado a merced de sus propios pecados.
Permitir que la corrupción y la impunidad avancen en el Noreste de México podría tener un alto costo político y económico para el partidazo.
Las elecciones de Coahuila nos servirán como un indicador para medir el hartazgo de los ciudadanos y la capacidad político-electoral de los partidos para sortear esta crisis.
El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.
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