Monterrey

La agenda política de los criminales

OPINIÓN. Claramente, las organizaciones criminales, tres, que se disputan el control de la Zona Metropolitana de Monterrey, quieren dejar claro su poder ante sus respectivos rivales y los nuevos funcionarios a cargo de la seguridad.
NEGOCIOS SEGUROS
Marco A.torres
marco.torres@novaptica.net
17 marzo 2017 10:34 Última actualización 17 marzo 2017 11:0

La súbita renuncia de Roberto Flores Treviño como Procurador General de Justicia de Nuevo León el pasado 21 de febrero, hace menos de un mes, desencadenó en el ámbito de la seguridad un proceso similar al de un cambio de gobierno, pues las organizaciones delictivas han impuesto como costumbre en nuestro país el uso de acciones intimidatorias hacia la sociedad y hacia los gobernantes como disuasivos de acciones que les dificulten sus muy rentables actividades criminales ante la llegada de nuevos funcionarios.

Así las cosas, la salida de Flores Treviño, que tuvo una muy desafortunada actuación en los escasos meses en que actuó como Procurador, y que ya había sido condicionado en su estancia por su propio jefe, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, vino aparejada de un disparamiento en los delitos más graves, regresando algunos de ellos a los peores niveles del inicio de esta década, haciéndose todo esto más notorio por la ocurrencia de hechos de alto impacto y angustia social, como lo son los asaltos a sitios concurridos, los secuestros de ciudadanos comunes, los homicidios en público y la aparición de conjuntos de cadáveres en zonas urbanas, además de desórdenes y evidencias de desgobierno en los centros carcelarios.

Claramente, las organizaciones criminales, tres, que se disputan el control de la Zona Metropolitana de Monterrey, quieren dejar claro su poder ante sus respectivos rivales y los nuevos funcionarios a cargo de la seguridad.

Si a esto sumamos el crecimiento del crimen desorganizado, es decir, los delincuentes que actúan por su propia cuenta y no la de algún cártel, el reto del nuevo responsable de la persecución de los delitos es enorme.

Y nada fácil la tiene Bernardo González para hacer frente a esta crisis de seguridad, que amenaza con llegar a los niveles funestos del pasado, pues no cuenta con experiencia en las tareas policiacas ni de litigio penal y será por fuerza muy breve su paso por la PJGE de nuestro estado, ya que el Congreso de Nuevo León ya tiene todo preparado para eliminar esta dependencia ente la entrada en funciones de la Fiscalía General del Estado, que será un órgano autónomo del Poder Ejecutivo y no podrá ser encabezada por el actual Procurador, que sería el último con ese título en la historia.

Los grupos criminales hacen política a su modo y lo han demostrado.

Saben que esta transición de Procuraduría subordinada a Fiscalía autónoma genera huecos temporales de autoridad a los que intentarán sacar provecho los delincuentes.

La sociedad y su gobierno tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para cuidarnos mejor y fortalecer la vigilancia y la prevención en toda la vida diaria para no ser presa fácil de quienes buscan nuestro daño y pretenden desalentar los esfuerzos para blindar contra la corrupción a los órganos de justicia y de seguridad.

No nos desanimemos, las nuevas fiscalías tendrán mejor capacidad para vencer a quienes lastiman a la sociedad, si estamos alertas a que no se diluyan las nuevas instituciones en los enredos de la clase política. Que así sea.

El autor es consultor en medios periodísticos, empresariales y de seguridad.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.