Monterrey

Inversión privada y concesiones en inversión petrolera: algunas reflexiones

OPINIÓN. La pregunta económica relevante, al margen de argumentos legales para la protección del patrimonio nacional en términos de sus yacimientos subterráneos, es la capacidad que tiene un mecanismo de asignación de concesiones para fomentar dos resultados que están en el corazón de los intereses nacionales.
OPINIÓN ACADÉMICA UANL
​Jorge O.Moreno
jorge.morenotr@uanl.edu.mx
14 julio 2017 9:59 Última actualización 14 julio 2017 9:59
Columnista

Jorge O. Moreno, Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL

Como parte de la reciente reforma promovida desde el Ejecutivo federal en materia energética, en particular en hidrocarburos, se ha permitido una mayor participación del sector privado en la inversión para explorar y extraer recursos que hasta hace algunos años eran derecho exclusivo del sector público, en particular del gobierno federal a través de Petróleos Mexicanos.

Este cambio en el paradigma de la inversión privada directa en hidrocarburos ha sufrido de ajustes desde su implementación el año pasado, y ha permitido que, en las rondas más recientes para la asignación de bloques (rondas 2.2 y 2.3 de contratos de licencia en bloques terrestres gasíferos), se adjudicaran 21 de los 24 contratos para campos en Tamaulipas, Veracruz, y Tabasco.

Así, esta adjudicación de bloques vía competencia, ha permitido contar con una inversión estimada total de 2 mil millones de dólares en los 30 años de vigencia de dichos contratos, con una expectativa de generar 20 mil 500 empleos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, y Tabasco, además de un incremento en la producción nacional que, de acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) espera que, en su pico de producción para el año 2025, incremente la producción nacional en 19 mil barriles diarios de crudo y condensados, y 378 millones de pies cúbicos en la producción de gas, lo cual representa 7.5 por ciento de la extracción vigente.

La pregunta económica relevante, al margen de argumentos legales para la protección del patrimonio nacional en términos de sus yacimientos subterráneos, es la capacidad que tiene un mecanismo de asignación de concesiones para fomentar dos resultados que están en el corazón de los intereses nacionales: atraer inversionistas a coparticipar en la inversión necesaria en el sector, y garantizar que la inversión privada realizada es la óptima (esto es, maximiza el valor social de la producción y productividad) una vez otorgada la concesión. El campo de la economía que analiza este tipo de problemas en donde la asimetría en la información es un componente fundamental del mercado se denomina “Diseño de Mecanismos” (cuyo trabajo y planteamiento permitió otorgar a Leon Hurwicz, Roger Myerson y Eric Maskin el Premio Nobel en 2007), y una de sus ramas con aplicaciones concretas al sector corporativo y financiero es la “Teoría de Contratos Óptimos” (cuyo desarrollo por Bengt Holström y Oliver Hart les hizo obtener el Premio Nobel en 2016).

El planteamiento del problema es simple en su naturaleza: si una empresa (denominada en la literatura como “principal” o “directivo”) tiene un proyecto cuya implementación y resultados finales requiere de otra empresa (denominada tradicionalmente en la literatura como “agente” o “ejecutivo”) que potencialmente está más informada, o cuyo esfuerzo efectivo no es observable para la primera pero determina el éxito del proyecto, ¿es posible diseñar una solución que sea atractiva para ambos, dada esta asimetría de información?

La asimetría de información introduce una fuerte desviación a los modelos competitivos tradicionales basados en un sistema de precios de mercado.

En particular, el hecho de que la información esté concentrada en una de las partes del mercado (el “agente”) genera poder de mercado a dicho agente, e introduce la necesidad de una solución alternativa para reactivar los incentivos a participar. Myerson demostró que tal mecanismo de revelación de información existe, y que su diseño introduce soluciones del tipo “contrato” en donde la combinación de repartición de ganancias finales de producción y las cuotas fijas por concesión es parte fundamental de la solución óptima que maximiza el valor social del proyecto.

En materia de hidrocarburos, los contratos de concesiones recientemente implementados en México, han determinado que la repartición de utilidades de producción entre gobierno e inversionistas sea específica al yacimiento a ser explotado, lo cual está naturalmente vinculado a la heterogeneidad en el riesgo de explotación de cada manto.

En un contexto de necesidad de inversión que permita la competitividad y crecimiento del sector energético, resulta fascinante observar como la aplicación de esta teoría económica permite hacer llegar recursos a un sector que sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional, y que de otra manera, no podría contar con la necesaria inyección de recursos para su fortalecimiento y crecimiento en el corto y mediano plazo.

El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.