Monterrey

Hasta que la dignidad se haga costumbre

OPINIÓN. El caso de Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisca Marcial y Teresa González Cornelio puso en evidencia a un Estado de Derecho que además de ser ineficiente, es racista, clasista y sexista. 
ENTRADA LIBRE
Sergio López Ramos
slramos2020@ gmail.com Twitter: @serlopram
28 febrero 2017 9:37 Última actualización 28 febrero 2017 9:37
Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Una de las características más importantes de la alternancia a la democracia es el número considerable de cambios institucionales de las últimas tres administraciones federales. Los ciudadanos hemos avanzado en áreas como transparencia y rendición de cuentas. Se han realizado reformas estructurales que buscan dinamizar la economía del país y catalizar la movilidad social que tanto necesita nuestro país.

Por supuesto, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos han sido desplazados como elementos necesarios en la consolidación de un estado verdaderamente democrático. Así, la guerra contra el narcotráfico nos ubicó en nuestra realidad: la de vivir en un Estado que está muy lejos de procurar justicia para los ciudadanos.

En este contexto, hace algunos años, las ciudadanas Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisca Marcial y Teresa González Cornelio fueron detenidas por ser “peligrosas secuestradoras” de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Pero lo único que el sistema puso en evidencia fue un Estado de Derecho que además de ser ineficiente, es racista, clasista y sexista. La razón es sencilla: Alberta, Jacinta y Teresa son indígenas, pobres y mujeres.

Afortunadamente, las tres ciudadanas fueron liberadas y recibieron una disculpa pública por parte de la Procuraduría General de la República.

Por eso, las palabras de Estela Hernández, la hija de Jacinta; retumbaron en el Norte, en el Sur y en el corazón de México. No sólo se chingaron al Estado, sino que reposicionaron el papel de miles de mujeres y hombres que han sido víctimas de vejaciones, desapariciones y muerte del Ogro esquizofrénico en que se ha convertido el Estado Mexicano. Así, queda de manifiesto la intención de miles de ciudadanos de seguir trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre en este país.

Por eso, no sorprenden los resultados del Trust Barometer 2017 de la empresa Edelman. Como El Financiero publicó la semana pasada, en nuestro país la confianza hacia el gobierno, empresas, organizaciones y medios de comunicación han sufrido una caída de un 11 por ciento en el último año.

Ante esta caída sostenida en la confianza de diferentes instituciones, Jaime Rodríguez Calderón tuvo la oportunidad de ganar la gubernatura de nuestra entidad. Sin embargo, lejos de tomar el toro por los cuernos, Rodríguez Calderón ha decidido administrar el Estado sin modificar de forma fundamental la relación de poder entre los diversos actores políticos y, sobre todo, sin empoderar a los ciudadanos para que formen parte de la toma de decisiones.

Por estos agravios a nivel estatal y a nivel nacional, no sorprende la gestación y el lanzamiento de proyectos ciudadanos que buscan la Presidencia de la República en el 2018 mediante diversas formas de participación, y de esta forma, gestar un nuevo movimiento político.

En este sentido, los movimientos políticos más importantes son los anuncios del Congreso Nacional Indigenista sobre su intención de lanzar la histórica candidatura de una ciudadana indígena y del movimiento “Ahora” con la participación de Emilio Álvarez Icaza y los académicos Sergio Aguayo y Denise Dresser.

Los cambios pueden comenzar desde la base de nuestra comunidad.

Ojalá surgieran proyectos sociales y ciudadanos que busquen cambiar las relaciones de poder no solo de forma horizontal con nuestros vecinos sino también, de forma vertical con las autoridades municipales y estatales.

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.