Monterrey

Fijar metas claras y una mejor coordinación, retos para 2018

Dado que las estrategias no han cumplido con las expectativas de mejoría, tanto en la baja de delitos de alto impacto como en algunos casos de delitos patrimoniales, es urgente reforzar acciones integrales y coordinadas en materia de seguridad pública para el 2018.

Esto lo señalaron los organismos integrantes del Observatorio Ciudadano de Nuevo León (OCNL) en su más reciente análisis y planteamientos sobre la incidencia delictiva en el estado, basándose en las estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

"Lo señalamos a principios del 2017, y lo reiteramos ahora: solicitamos a las autoridades ponerse metas de reducción claras, y comunicarlas a la ciudadanía, con el objetivo de restablecer los niveles de seguridad y de confianza, aspirando a ser uno de los estados más seguros del país", indicaron los organismos.

El OCNL está integrado por el Consejo Cívico de las Instituciones, la Cámara de la Industria de la Transformación, la Cámara de Comercio de Monterrey y la Coparmex Nuevo León.

Los homicidios dolosos, extorsión, secuestro y robo con violencia en Nuevo León mantuvieron un nivel más elevado a finales del año 2017, comparativamente con el 2015, según el Observatorio Ciudadano.

"Es preciso mencionar que, al cierre del primer semestre del año, Nuevo León ocupó la sexta posición como el estado con mayor número de delitos del fuero común registrados a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública", señaló el análisis.

En dos años de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, los homicidios dolosos crecieron 42 por ciento de enero-octubre del 2015 contra el mismo período del 2017.

Pasaron de 395 a 559 denuncias, con una tasa por cada 100 mil habitantes, que pasó de 7.72 casos a 10.92 en los dos períodos observados.

Los organismos apuntaron que además de los retrocesos en el índice de delito de alto impacto, preocupa el incremento sostenido en abusos de la autoridad en el estado y persiste la violencia contra las mujeres en la entidad.

El Pulso Metropolitano de Seguridad correspondiente al mes de septiembre de 2017 reflejó que tan sólo 9.5 por ciento de los habitantes del área metropolitana se sienten seguros, un retroceso pronunciado si se compara con el Pulsómetro de 2015, cuando 17 por ciento de los ciudadanos dijo sentirse seguro de vivir en el estado.

"Los primeros dos años de la administración del Gobernador Jaime Rodríguez y de los actuales alcaldes muestran que la situación de inseguridad en Nuevo León se ha ido complicando, si comparamos con las tendencias de los años 2014 y 2015 que tenemos en registro gracias a la información de la PGJNL".

Los organismos integrantes del Observatorio exigieron a las autoridades redoblar esfuerzos y realizar un análisis profundo y detallado de cada delito, para encontrar las mejores formas de combatirlos de manera coordinada.

"Es esencial que el Estado tenga un papel rector en los esfuerzos de coordinación de las diferentes autoridades, especialmente en prevención del delito, donde hemos viso un escaso liderazgo en estos últimos dos años".

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Retrocede NL en materia de seguridad durante el 2017

Los homicidios dolosos, extorsión, secuestro y robo con violencia en Nuevo León mantuvieron un nivel más elevado a finales del año 2017, comparativamente con el 2015, señalaron dirigentes de los organismos intermedios que integran el Observatorio Ciudadano.

En dos años de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, los homicidios dolosos crecieron 42 por ciento de enero-octubre del 2015 contra el mismo período del 2017.

Pasaron de 395 a 559 denuncias, con una tasa por cada 100 mil habitantes, que pasó de 7.72 casos a 10.92 en los dos períodos observados.

"Es preciso mencionar que al cierre del primer semestre del año, Nuevo León ocupó la sexta posición como el estado con mayor número de delitos del fuero común registrados a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública", apuntaron los organismos intermedios.

Los directores de estos organismos expresaron que además de los retrocesos en el índice de delito de alto impacto, preocupa el incremento sostenido en abusos de la autoridad en el estado y persiste la violencia contra las mujeres en la entidad.

El Pulso Metropolitano de Seguridad de septiembre de 2017 reflejó que tan sólo 9.5 por ciento de los habitantes del área metropolitana se sienten seguros, un retroceso pronunciado si se compara con el Pulsómetro de 2015, cuando 17 por ciento de los ciudadanos dijo sentirse seguro de vivir en el estado.

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La solución a la crisis penitenciaria debe ser integral
compromisos

Ante los hechos violentos que se han registrado en los penales de Nuevo León, las organizaciones de la sociedad civil de la entidad exigieron solucionar la crisis penitenciaria como parte de un plan integral para garantizar la paz y la justicia.

El pasado 9 de octubre del 2017 se registró un enfrentamiento en el penal de Cadereyta, donde fallecieron 16 reclusos.

El Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), Renace ABP, Avance por los Derechos de México AC y Familia Digna exigieron un plan integral para garantizar la paz en los reclusorios de la entidad.

Señalaron que en marzo de 2015, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón firmó y se comprometió ante Renace y otras organizaciones civiles a cumplir 10 compromisos, que permitan una transformación integral del sistema penitenciario, buscando asimismo la reinserción social.

"Los repetidos hechos violentos en los penales, y la situación crítica de los internos en lo cotidiano, comprueban el poco avance en el cumplimiento de esta agenda de acuerdos firmados en campaña", apuntaron.

Las organizaciones mencionaron que es indispensable atender el hacinamiento y la sobrepoblación, así como mejorar las condiciones materiales y de higiene de los internos, resolver el déficit de custodios y garantizar programas de reintegración.

Criticaron, además, la ausencia de protocolos de intervención en situaciones violentas, y el poco entrenamiento de los encargados de garantizar la seguridad interna.

Por lo tanto, pidieron a los funcionarios responsables por Ley de la atención penitenciaria en el estado, que respondan directamente por los hechos suscitados en el Penal de Cadereyta.

"Pedimos al gobierno en turno la presentación de un plan de trabajo con ruta crítica clara para atender la problemática de los penales y contar con soluciones sostenibles en el largo plazo, para evitar que se sigan repitiendo estas situaciones", indicaron

Y que este plan se establezca con el acompañamiento de las organizaciones civiles que llevan años trabajando con los internos y conocen la problemática de los penales, pero también con las autoridades federales que tienen una responsabilidad en este asunto.

Sobre los hechos violentos del penal de Cadereyta, las organizaciones que firmaron este posicionamiento instaron a las autoridades de Nuevo León a deslindar responsabilidades a través de una investigación objetiva y seria.

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Suben delitos totales durante el año pasado

Arturo Bárcenas

Un aspecto por el que la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha sido constantemente criticada es el repunte que ha registrado la inseguridad en su sexenio, y es que durante su primer año de gobierno los delitos de alto impacto repuntaron de manera importante respecto al último año de Rodrigo Medina, al subir 16 por ciento.

Pese a que el gobierno ha dicho que implementó acciones para reducir los delitos, organizaciones empresariales y no gubernamentales han señalado que éstos no han dado resultados y las cifras de enero a noviembre del año pasado les dan la razón, pues los delitos totales subieron 0.77 por ciento respecto al mismo periodo del 2016.

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo de enero-noviembre del 2016 los delitos totales sumaron 77 mil 537, lo que implicó un alza de 16 por ciento respecto al mismo lapso del 2015 (gobierno de Medina).

En el periodo en cuestión, todos los delitos subieron, destacando el de delitos patrimoniales, robos, secuestros y homicidios, que repuntaron 33.48, 32.08, 31.58 y 22.06 por ciento, respectivamente.

Para el mismo periodo del año pasado, las autoridades no pudieron reducir el número de delitos totales, aunque de manera individual si bajaron el de robos, delitos patrimoniales, violaciones y homicidios.

Por el contario, los delitos que repuntaron en los primeros nueves meses del año pasado con relación al mismo lapso del 2016 fueron el de secuestros que subieron 32 por ciento, el de otros delitos con un alza de 9.88 por ciento y el de lesiones en 4.52 por ciento.

Durante el año pasado, el mes con el mayor número de delitos fue agosto, al registrar un total de siete mil 919 ilícitos, de los que prácticamente la mitad, tres mil 932 fueron del rubro otros delitos y mil 504 denuncias por robo.

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