Monterrey

¿En realidad puede la Secretaría de Hacienda “estrangular” las finanzas de los estados?

OPINIÓN. Estos recursos se encuentran “etiquetados” y se destinan principalmente a educación, a salud, y a seguridad pública, y representan una erogación global incluso superior a la del Ramo 28, y una vez autorizados por el Congreso, es difícil que se puedan manejar de manera discrecional.
COMENTARIO ECONÓMICO
Marco A. Pérez Valtier
mperezv@perezgongora.com
10 enero 2018 11:11 Última actualización 10 enero 2018 11:11
Marco A. Pérez Valtier

Marco A. Pérez Valtier

Si bien es cierto que casi un 90 por ciento de los recursos que gastan los estados proviene de la Federación, debido a que los principales impuestos son federales (ISR, IVA, IEPS), también es cierto que las reglas de reparto están bien definidas y son difíciles de manipular.

En días pasados, el Gobernador de Chihuahua acusó a la Secretaría de Hacienda de manejar discrecionalmente los recursos federales, reduciéndoselos de manera unilateral, como una medida de presión y de represalia, en respuesta a las acciones que el Gobierno estatal está realizando contra integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han llevado incluso al encarcelamiento de un ex Senador de la República.

En materia de Federalismo Fiscal, nuestro sistema descansa en una Ley de Coordinación Fiscal que contiene fórmulas, mecanismos y procedimientos, que no pueden ser aplicados discrecionalmente, (salvo pequeñas excepciones) por la Secretaría de Hacienda, por lo que los recursos que deben ser transferidos a los estados, en lo que respecta al Ramo presupuestal 28, de Participaciones en ingresos federales, no pueden ser reducidos ni retrasados de manera discrecional.

En adición a las participaciones, existe el Ramo 33 referente a las “aportaciones” que realiza la Federación a los estados, cuyos montos se determinan, en algunos casos, también en ley, o en inercias presupuestales, pero en todos los casos, los montos a repartir deben ser aprobados y autorizados por la Cámara de Diputados, por lo que el ejercicio presupuestal está razonablemente garantizado, una vez aprobado el Presupuesto Federal.

Estos recursos se encuentran “etiquetados” y se destinan principalmente a educación, a salud, y a seguridad pública, y representan una erogación global incluso superior a la del Ramo 28, y una vez autorizados por el Congreso, es difícil que se puedan manejar de manera discrecional.

Sin embargo, en adición a estos dos grandes ramos presupuestales de gasto, la Federación realiza “convenios” con los estados, para transferirles recursos adicionales, fondeados principalmente por el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, y son precisamente estos fondos los que tiene carácter discrecional, y pueden ser fácilmente recortados o eliminados, cuando la Federación así lo decide, ya sea por restricciones presupuestales (recortes en el gasto) o por situaciones particulares.

Generalmente, estos fondos se utilizan para proyectos específicos de inversión, y su ejercicio presupuestal no está ligado o asociado a la operación normal y cotidiana del gobierno.

Por otro lado, la importancia relativa de estos recursos, dentro del total que reciben los estados, en realidad es mínima, pues en el mejor de los casos no llegan ni al 10 por ciento del total de recursos transferidos a los estados.

En Chihuahua, se habla de una partida de 700 millones de pesos que se les ha postergado y que será cancelada definitivamente, asociada precisamente a transferencias vía convenios, la cual estaba condicionada a que existiera “Suficiencia Presupuestaria” en la Secretaría de Hacienda, misma que no ocurrió, por lo que esa partida no fue solventada el pasado mes de diciembre, como estaba programada.

Por otro lado, Chihuahua recibió en 2017 más de 42 mil millones de pesos de recursos federales, percibiendo incluso mayores participaciones a las presupuestadas, por una cantidad superior a los dos mil millones de pesos, es decir, percibió ingresos no presupuestados muy superiores a los que se le “recortaron”, por lo que este asunto tiene más tintes políticos que financieros.

Finalmente, es importante recalcar que este tipo de situaciones son muy frecuentes a nivel de finanzas estatales, basta recordar el caso de NL, con la Línea 3 del Metro, así como los dos hospitales regionales inconclusos, que tienen ya varios años de retrasos, a pesar de que vía convenios, la Secretaría de Hacienda se había comprometido a proporcionar los recursos suficientes para su construcción, y aún siguen en proceso.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio de Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
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