En fechas recientes el tema de la Subcontratación ha sido un dolor de cabeza para las empresas, no solo por lo que implica la decisión en términos fiscales y laborales, como lo es la posibilidad de no deducir el gasto o no acreditar el IVA, temas que ya han sido muy comentados, sino también por las obligaciones administrativas que esto conlleva.
Por ejemplo, para efectos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) se debe ejercer una retención que debe enterarse posteriormente al Estado, esto aplica actualmente para Nuevo León y Jalisco, pero es posible que en los siguientes meses más estados incorporen esta obligación.
El artículo 5 de nuestra Carga Magna señala en su tercer párrafo que: "nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento".
Para administrar las retenciones del ISN y en general todas, las empresas deben contratar especialistas de nóminas, dependiendo del número de sus trabajadores, incluso pueden ser departamentos completos que administren estos temas, so pena de incurrir en pago de recargos, actualizaciones y multas por los errores, incluso involuntarios que se puedan tener, así como las altas ante el Estado, altas de los proveedores de servicios, así como el mantenimiento mensual, declaraciones informativas, entre otras acciones.
Además las empresas deben mantener actualizado a dicho personal, incurrir en gastos de capacitación, cursos, computadoras para hacer este trabajo y otros gastos.
Cuando las leyes estatales y federales obligan a las empresas a determinar y pagar estas retenciones, están contraviniendo la Constitución, porque no le otorgan ningún pago, descuento, subsidio o crédito incluso contra los mismos impuestos que deben administrar sobre dinero de terceros contribuyentes, además lo hacen sin su pleno consentimiento, la voz de los empresarios no es tenida en cuenta cuando se implementan los mecanismos de retención.
La retención es una figura de comodidad de la autoridad, delega facultades de recaudación en los empresarios, éstos deben realizar inversiones para administrarlas, si se equivocan les cuesta y si lo hacen bien, no reciben remuneración alguna, negocio redondo para el Fisco estatal y federal.
Es claro que procede el amparo ¿será que nos hemos acostumbrado a los atropellos de las autoridades fiscales que ya no nos quejamos ni ejercemos nuestro derecho legítimo a interponer medios de defensa?
¿Por qué los empresarios no exigen que se cumpla la Constitución y reclaman una remuneración por la administración de las retenciones?
Joseph de Maistre escribió que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece, parafraseado a la realidad de los empresarios podemos decir que "los empresarios tienen las autoridades fiscales que merecen".
El autor es C.P. , M.I. y Doctorante de Ciencias de lo Fiscal y Miembro de la Comisión Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.