Monterrey

El desgaste del no poder

Opinión. En lo que va de su administración, Rodríguez Calderón no ha sido capaz de articular ni siquiera una declaración de empatía con las víctimas y los familiares de los desaparecidos.
ENTRADA LIBRE

SERGIO LÓPEZ RAMOS
​slramos2020@gmail.com
27 septiembre 2016 10:38 Última actualización 27 septiembre 2016 10:42
Sergio López Ramos

Sergio López Ramos

Hace dos años, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vivía uno de sus momentos culminantes después de haber logrado la aprobación de las reformas estructurales que, decían; permitirían mover a México.

Diez días después de las celebraciones patrias y en medio de una amplia expectativa nacional e internacional que fue bautizada por los medios internacionales como el “Mexican Moment”, 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero.

El “Mexican Moment” y la realidad mexicana se encontraron en un camino sin retorno. La posición del Presidente de la República de pronunciar públicamente que el caso correspondía únicamente a las autoridades del Estado de Guerrero, nos dejó ver una cruda realidad:
la de un Estado mexicano que utiliza el poder de forma selectiva.

Y así, la espiral de protestas y descontento social por la incapacidad de Enrique Peña Nieto de utilizar el poder de forma eficiente, creció no
solo porque solapaba un sistema de corrupción estatal como el del ex gobernador Ángel Aguirre, sino que él mismo se encontraba en el ojo del huracán tras las investigaciones periodísticas de Carmen Aristegui sobre la famosa “Casa Blanca”.

A partir de ese momento, el “ya me cansé” del ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam hizo eco en lo más profundo de México.

Desde hace cuatro años, el gobierno de Peña Nieto no ha comprendido que más allá de las reformas estructurales, lo que México necesita es un Estado de Derecho fuerte y que prevalezca por encima de caudillos y pactos de poder.

El número de desaparecidos en México sigue en aumento desde que
Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en el año 2006. De
acuerdo a información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, entre el año 2007 y el 2014, más de 27 mil mexicanos han desparecido, de los cuales, mil 138 son neoloneses.

Los propios familiares de las victimas se han organizado para buscarlos.
En este proceso, los ciudadanos nos hemos acostumbrado a lo que parece una escena cotidiana en cualquier rincón de nuestro país: el hallazgo de fosas comunes con restos humanos que nos recuerdan día con día la enorme incapacidad de los tres niveles de gobierno.

En lo que va de su administración, Rodríguez Calderón no ha sido capaz de articular ni siquiera una declaración de empatía con las víctimas y los familiares de los desaparecidos. Resulta extraño que como candidato explotara políticamente el secuestro y asesinato de su hijo y como Gobernador, solo ha criminalizado a las victimas que han
desaparecido en la entidad.

Todavía hay tiempo para que el Gobierno del Estado atienda a los familiares de las víctimas y sus demandas para encontrar a los desparecidos. De lo contrario, tarde o temprano, Rodríguez Calderón será juzgado por su incapacidad y su colusión con un sistema que solo genera impunidad.

Los familiares de las victimas y los ciudadanos que solidarizamos con su
causa tenemos el poder de la palabra y de la memoria; no podemos permitir que las desapariciones de cientos de ciudadanos queden en el olvido. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor
político de la firma internacional Global Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.