No obstante el discurso oficial de que el Estado está "Quebrado" y que la deuda es ya insostenible, el nuevo gobierno inicia su gestión solicitando al Congreso que le autorice la contratación de más deuda, la cual sería de hasta 6 mil millones de pesos, (equivalentes al 7.8 por ciento del presupuesto autorizado). Este monto es 3.3 veces superior comparado con la deuda contratada por la administración saliente en este ejercicio 2015, de $1.8 miles de millones de pesos.
Un dato interesante es que de esta nueva deuda, solo 2 mil 150 millones están "etiquetados" como ingreso aprobado dentro de la Ley de Ingresos, lo que significa que su destino de gasto quedó incluido y considerado en la Ley de Egresos que sancionan los Diputados locales, mientras que el endeudamiento adicional aprobado, por hasta el 5 por ciento de los ingresos aprobados (es decir, 3 mil 854 millones de pesos), NO se incluye como ingreso dentro de la Ley correspondiente, y por lo tanto, no tiene un destino de gasto "etiquetado", y la nueva administración tendría la facultad de aplicarlo al rubro que desee.
La deuda de 2 mil 150 millones que se incluye dentro de los ingresos aprobados, corresponde a una emisión de certificados bursátiles que realizará el Instituto de Control Vehicular, ingresos que transferirá a la Tesorería del Estado vía "Otros Aprovechamientos" maniobra contable que se utiliza para proporcionar ingresos al Gobierno del Estado, con cargo a las finanzas de los Organismos y Empresas, y que permite, además, flexibilizar el destino del crédito, aunque de manera cuestionable legalmente.
El Congreso del Estado debería modificar las disposiciones en esta materia, para asignarse más facultades que le permitan sancionar que el destino de los recursos que se obtengan vía deuda, se apliquen a inversión productiva, pero antes de que la deuda sea contratada, y no solo ser informados posteriormente.
Aún y que mucho se habló sobre el nivel preocupante de la deuda del Estado, y de que el 100 por ciento de las participaciones estaban ya dadas en garantía, lo que no se nos dijo es que la reestructura del 2013, la cual hipotecó el 100 por ciento de las participaciones estatales, permitió liberar la totalidad de los ingresos propios del estado, los cuales serán ahora hipotecados por la nueva administración.
Este nuevo endeudamiento pone además en entredicho las promesas de campaña de que tan solo eliminando los "moches", se ahorrarían unos 6 mil millones de pesos, mientras que la cancelación de los gastos en publicidad les permitiría un ahorro de unos mil seiscientos millones de pesos cada año.
Si esto hubiera sido cierto, el supuesto déficit sería totalmente cubierto con estos ahorros, por lo que no habría necesidad de contratar un solo peso de deuda adicional.
Esto es así, porque el famoso incremento "inercial" en el gasto estatal, estaría más que financiado con el propio incremento, también inercial, de los ingresos, esto sin considerar los incrementos en refrendos y replaqueo.
Como siempre, cae primero un hablador que un cojo.
* El autor es especialista en estudios económicos y de fi- nanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.
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