Economía y Gobierno
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Economía y Gobierno

Es conveniente “acotar” y reglamentar el eventual uso de las facultades Constitucionales en materia económica, para evitar el posible uso discrecional e inadecuado por parte del Estado.

Opinión MTY COMENTARIO ECONÓMICO Marco A. Pérez Valtier
06/06/2018
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Marco Pérez ValtierFuente: Félix Vásquez

En México, nuestro arreglo institucional, conforme lo establece el Artículo 27 de la Constitución, parte de que TODAS las tierras y las aguas, son originalmente propiedad de la NACIÓN, la cual tiene el DERECHO, de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la Propiedad PRIVADA.

Una primera observación a este texto, es que si bien el Artículo 2 de la Constitución señala que la “NACIÓN” tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, en realidad el concepto “Nación” no tiene una definición clara y precisa, y es materia de interpretación si se refiere solo a “personas” o incluye también a “instituciones”, como el gobierno.

Esto es importante, porque nuestras autoridades, en la práctica, interpretan que la “Nación” NO son los ciudadanos ni los mexicanos, sino el “Gobierno Federal”, y usufructan los recursos naturales del país, sin que el beneficio de esta explotación llegue a la “Nación” o al pueblo, legítimo propietario de los recursos naturales.

La muestra más clara la tenemos en la explotación y beneficio de los hidrocarburos que ha venido realizando PEMEX, empresa del estado, cuyos beneficios solo llegan al Gobierno Federal, mientras que el pueblo, único y legítimo propietario de los hidrocarburos, lejos de recibir algún beneficio directo de la renta petrolera, tiene que pagar las gasolinas, no a costo de producción (más un margen razonable), sino a precio internacional, adicionado de CUATRO impuestos, situación a todas luces injustificable y reprobable, al margen del mito de las gasolinas “importadas” de su propia refinería Deer Park en Texas.

Siguiendo con el texto constitucional, el dominio de la “Nación” sobre tierras y aguas, va incluso más allá, e incluye también a TODOS los recursos naturales, léase bosques, hidrocarburos, minerales, espacio aéreo, etc., y a la letra, nuestra Carta Magna señala que “la NACIÓN, tendrá el derecho de IMPONER A LA PROPIEDAD PRIVADA, las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

También es importante señalar que el propio texto constitucional contempla la posibilidad de “revertir” incluso la propiedad privada, aunque señala que “Las expropiaciones SÓLO podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, sin embargo, no deja de representar una verdadera y real amenaza para la propiedad privada.

En materia económica, la Constitución establece que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, y podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

De particular interés es el párrafo tercero del Artículo 28 Constitucional, que a la letra señala “ Las leyes fijarán bases para que se señalen PRECIOS MÁXIMOS a los artículos, materias primas o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el CONSUMO POPULAR, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios.”

Además, se establece que “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado”.

La conclusión es que en México, el “Estado”, además de ser el rector de la economía, es el dueño original de todos los recursos naturales, puede revertir la propiedad privada por causa de utilidad pública, está facultado para imponer políticas de precios máximos a bienes de consumo popular, o materia primas básicas, y en general, para intervenir en los procesos productivos y distributivos en la economía nacional, lo cual, pienso Yo, debe mover a reflexión.

Si bien es cierto que estas facultades y potestades buscan proteger al consumidor, Yo pienso que es conveniente “acotar” y reglamentar el eventual uso de estas facultades Constitucionales en materia económica, para evitar el posible uso discrecional e inadecuado por parte del Estado.

¿Usted qué opina?.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzaspúblicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio de Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Opine usted: mperezv@perezgongora.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.