Monterrey

Dos retos

OPINIÓN. Resulta paradójico que, contrario a lo que la narrativa sostenía, las once reformas estructurales no han tenido los resultados esperados por dos motivos principales: la falta de un Estado de Derecho y la corrupción.
ENTRADA LIBRE
Sergio López Ramos
slramos2020@ gmail.com Twitter: @serlopram
07 noviembre 2017 9:25 Última actualización 07 noviembre 2017 9:25
Sergio López Ramos

Sergio López Ramos

México enfrenta una serie de retos externos y estructurales que nos obligan a replantearnos la dirección que necesita nuestro país. El primer gran reto que enfrenta México, y en particular el estado de Nuevo León, es la eventual aprobación de la reforma fiscal en los Estados Unidos y sus efectos económicos. De aprobarse la propuesta que permitiría una reducción significativa de impuestos corporativos a las empresas, nuestro país perdería atractivo y competitividad para seguir recibiendo inversiones.

Resulta paradójico que, contrario a lo que la narrativa sostenía, las once reformas estructurales no han tenido los resultados esperados por dos motivos principales: la falta de un Estado de Derecho y la corrupción.

Si los dos primeros años de la administración federal fueron un éxito por la aprobación de las reformas, en estos últimos cuatro años la constante ha sido una cauda de excesos de corrupción que vamos conociendo poco a poco.

Allí están la Casa Blanca de la esposa del Presidente Peña, la casa en Malinalco del Canciller Videgaray, las deudas exorbitantes de los gobiernos estatales de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz y la consecuente caída en desgracia de los nuevos “valores” políticos que el PRI presumía en un lejano 2012: Roberto Borge y Javier Duarte. Por supuesto, hasta el momento los casos para juzgar a los responsables de estos actos en contra de nuestros recursos no avanzan por el complejo entramado de impunidad que protege a las élites de México y de Nuevo León.

Desafortunadamente, y como consecuencia del débil Estado de Derecho que tenemos, padecemos una grave crisis de derechos humanos. Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya son sólo una parte de los miles de ciudadanos que han sido asesinados o desaparecidos, con la participación de elementos de diferentes cuerpos de seguridad del Estado mexicano.

El problema es que llegamos al último año del gobierno federal sin un Fiscal General, un Fiscal Anticorrupción y un Fiscal Electoral. Pareciera que aquellos mismos partidos que en las elecciones presidenciales del 2006 se rasgaban las vestiduras por la expresión de AMLO de mandar al diablo las instituciones, han decidido seguir el consejo del político tabasqueño.

Sin lugar a dudas, el gobierno federal está moviendo a México en una dirección que genera más dudas que certezas.

Lo increíble es que ni los actores políticos que irrumpieron de forma drástica en la escena u que le dieron un gran susto al tema de partidos, se salvan de los mismos males. La semana pasada nos enteremos que Jaime Rodríguez posee una casa de varios millones de pesos y la cual, de acuerdo con el Gobernador, es el producto de la venta de terrenos y nuez.

¿Qué la propuesta principal de Rodríguez Calderón no era terminar con la corrupción? Cada día que pasa, los neoloneses nos damos cuenta que en realidad cambiamos de gobierno para permanecer igual que antes.

Con actores políticos que creen que el estado les pertenece, que no deben transparentar el uso de los recursos de los contribuyentes y que los medios de comunicación y los otros poderes del Estado sólo sirven para contar y alabar las buenas nuevas del gobierno.

Es francamente preocupante el deterioro de las instituciones y los procesos democráticos que tanto esfuerzo y recursos nos han costado.

Es urgente visualizar nuevos puentes de diálogo y participación de la ciudadanía, para volverla el centro y razón de ser de nuestras instituciones.

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.