MONTERREY.- El nombramiento de Roberto Russildi como secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León generó polémica y opiniones encontradas entre participantes del sector de desarrollo inmobiliario y vivienda de Nuevo León, ya que para unos podría generar conflicto de intereses pero para otros no.
Russildi fue Vicepresidente y Director General de Javer, cargo que dejó cuando fue designado la semana pasada Secretario de Desarrollo Sustentable para el sexenio 2015-2021, pero posee el 2 por ciento de las acciones de la empresa, según el prospecto de colocación de acciones enviado por Grupo Javer a la Bolsa Mexicana de Valores en marzo pasado.
En su función como Secretario de Desarrollo Sustentable, Russildi será responsable de llevar a cabo convenios de coordinación, asistencia técnica y la realización de acciones, inversiones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano con los municipios, entidades y organismos del sector público, social y privado y en otras acciones de emitir el Dictamen de Impacto Urbano Regional.
"El Dictamen de Impacto Urbano Regional es la opinión emitida por el Estado con respecto a la influencia o alteración causada por alguna obra o proyecto público o privado que por su proceso constructivo, funcionamiento o magnitud modifique o altere negativamente el funcionamiento integral y eficaz de la vialidad, la infraestructura, los servicios públicos, los usos de suelo y el equipamento urbano en dos o más municipios o en un centro de población en relación con su entorno regional", detalla el portal de la propia dependencia.
También será garante de proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, así como formular y conducir la política general de los asentamientos humanos en el Estado.
Estas líneas de acción, respaldadas en el Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, que avalan las responsabilidades de la dependencia, de una u otra forma se relacionan con el desarrollo y los permisos de construcción de vivienda entre el estado y los municipios, esto se sustenta en el Dictamen de Impacto Urbano Regional que emite la dependencia.
"Javer depende mucho de las políticas de desarrollo urbano y en algún momento podría tener información que puede ser privilegiada y que se pudiera utilizar a favor de la desarrolladora", indicó Eduardo Cervantes, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Capítulo Monterrey (AMPI) en entrevista con El Financiero.
En tanto, Raúl Treviño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Nuevo León, comentó que debido a que todos los permisos para la construcción de un desarrollo habitacional se tramitan con los municipios, la Secretaría que encabeza Russildi no tiene nada que ver con esto y por lo tanto no se beneficiará a Javer.
"No hay conflicto de intereses en este caso. Por ahí no hay nada, porque los permisos de construcción se autorizan en los municipios, por ello esto no le daría ninguna ventaja competitiva a Javer, pues esta empresa, como cualquier otro asociado a la Cámara, va a tener que solicitar permisos a los municipios y no al Estado", señaló.
Jorge Paredes, director general de Realty World México, dijo que, "sería muy aventurado decirlo de esa forma –conflicto de intereses-, porque ha habido gobernadores, secretarios de estado, que tienen participaciones accionarias en diferentes empresas y eso no ha impedido que cumplan cabalmente con sus funciones públicas", comentó.
Rodrigo de León Segovia, Director General de Vidusa, dijo que "no creo que deberíamos estarle buscando por ahí (conflicto de intereses), pues la función de la Secretaria de Desarrollo Sustentable es netamente de planeación, no es operativa, no maneja ninguna aprobación de ningún fraccionamiento, éstos los aprueban los municipios, por ello creo que no hay conflicto de intereses".