Monterrey

Derechos “in Crescendo”

OPINIÓN. Recientemente a los mexicanos se nos ha ampliado el derecho político-electoral al otorgarnos la posibilidad de participar en justas electorales sin el aval de un partido político, bajo una plataforma de candidaturas independientes.
OPINIÓN ACADÉMICA TECNOLOGICO DE MONTERREY
Eduardo Gaona-Domínguez
23 octubre 2017 9:53 Última actualización 23 octubre 2017 9:53
Dr. Eduardo Gaona-Domínguez

Dr. Eduardo Gaona-Domínguez

“Debería ser evidente el hecho de que los derechos tienen un costo. Sin embargo, esta sola idea constituye una paradoja, una ofensa a lo políticamente correcto”. 
                                                                                  Holmes y Sunstein


El principio de progresividad de los derechos humanos implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. Bajo este principio, cada vez es más común que los países que más protegen normativamente a sus ciudadanos se perciban alineados a una modernidad democrática, misma que pareciera recompensarlos al otorgarles buenas dosis de legitimidad; incluso, obtienen el reconocimiento generalizado no sólo de otros países sino también de los propios gobernados quienes son los destinatarios directos de esos derechos. Con este incentivo, se va ampliando el catálogo de prestaciones y de servicios necesarios para llegar a satisfacer nuevos derechos, de tal suerte que mientras más crece esa lista de derechos humanos, más compleja se hace la operación institucional para hacer viable su ejercicio.

Esto lo advierte con mucha claridad el constitucionalista Michael Núñez Torres, al establecer que existe una tendencia reformadora para reconocer, desde el texto constitucional, el catálogo más amplio de derechos que sea posible, sin que se pueda afirmar que ello sea consecuencia de un análisis de la viabilidad de esos derechos, es decir, de la posibilidad de implementarlos de manera efectiva en beneficio de los individuos, todo lo cual redunda en un posible retorno a la concepción programática de la Constitución.

En nuestro país esta tendencia reformadora se ha aplicado particularmente al tema de los derechos político-electorales.

Recientemente a los mexicanos se nos ha ampliado el derecho político-electoral al otorgarnos la posibilidad de participar en justas electorales sin el aval de un partido político, bajo una plataforma de candidaturas independientes.

El INE otorgó (al 19 de octubre) 45 registros a personas que manifestaron formalmente su intención de obtener una candidatura independiente para la Presidencia; 183 registros se otorgaron para una diputación federal y 38 para el Senado. Algo sin precedentes en nuestro país.

Sin embargo, tal ampliación de derechos representa un problema de costos que puede ser analizado desde el derecho económico. Cuando los derechos van “in crescendo” se vuelve claro que a mayor número de derechos que proteger, mayor será la probabilidad de que éstos sean transgredidos y, a su vez, aumentará la posibilidad de que se deba echar mano de diversos mecanismos institucionales y legales para garantizar o restituir la violación de dichos derechos, provocando con esto mayores costos, los cuales se deberán cubrir directamente con recursos públicos que, a su vez, se obtienen de los contribuyentes.

Los costos aumentan porque las modificaciones constitucionales para hacer viables las candidaturas independientes son estructurales y de largo alcance. Con la reforma constitucional de 2014, no sólo se transformó el marco regulatorio electoral al cual están sujetos los procesos democráticos en el país, también se trastocó la composición legal y administrativa de las instituciones. Se modificaron 29 artículos de la Constitución mexicana en materia político-electoral y se realizaron cambios a 28 instituciones impactando el nivel federal y el local.

Para que esta reforma proteja efectivamente el derecho de ser votado por la vía independiente será necesario asignar un monto mayor de presupuesto público, que se destine a: la contratación de más personal para cotejar firmas de respaldo ciudadano; aumentar financiamiento público y tiempos de radio y televisión; la impresión de más boletas electorales, la adquisición de sistemas y nuevas tecnologías; y a todo un el despliegue operativo-administrativo, entre otras cosas.

Entonces, ¿Qué hacer para atender este fenómeno jurídico-económico?

Un par de ideas pueden ayudar a generar propuestas más objetivas y menos demagógicas: (a) condicionar a que con la presentación de una nueva iniciativa ésta se acompañe de un plan presupuestario, es decir, que los promoventes expliquen de forma técnica de dónde saldrá el recurso para volver asequible tal iniciativa y, (b) partiendo del supuesto de que el presupuesto siempre es limitado, se deberá priorizar la instauración de nuevos derechos en función del recurso con el que se cuente y de las necesidades apremiantes de la sociedad.

Lo expuesto aquí, de ninguna forma sugiere ir en contra del principio de progresividad ni tampoco busca que se coarten derechos; los argumentos invitan a la reflexión.

Eduardo Gaona-Domínguez es profesor del Departamento de Derecho del ITESM, Campus Monterrey. Su correo es: egaona@itesm.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.