Monterrey

Debe gobierno de Chihuahua 1,500 mdp a constructoras

La CMIC pidió que les pague con el crédito de 3 mil mdp que contratará.
ALEJANDRO SALMÓN
Corresponsal
10 agosto 2016 8:57 Última actualización 10 agosto 2016 8:57
ME. La banca sigue siendo el eslabón más débil.

RIESGO. Hay más de 30 empresas que ya están en peligro de caer en bancarrota por falta de pago.

CHIHUAHUA, CHIH.- El Gobierno del Estado de Chihuahua adeuda a proveedores más de mil 500 millones de pesos que deberá pagar antes de que termine el año, o de lo contrario, decenas de empresas corren el riesgo de caer en la quiebra por falta de liquidez, advirtieron organismos empresariales.

La moratoria del gobierno estatal para pagarle a los constructores hará que muchos de ellos, particularmente las micro y pequeñas empresas, nunca recuperen el gasto financiero que han tenido que cubrir a lo largo del año, por haber continuado las obras sin recibir el pago correspondiente, afirmó Iván Noé Simental Ortega, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En ese sentido, demandó que el Gobierno del Estado destine para el pago a constructores la mitad de los 3 mil millones de pesos que contratará la semana próxima como crédito bancario para terminar la gestión actual, la cual concluirá el 4 de octubre de este año.

“Como representante de los constructores, debo pedir que, de esos 3 mil millones, mil 500 millones sean para nuestros socios que no han podido cobrarle al gobierno, porque muchos han puesto de su bolsa para no parar la obra”, dijo.

De esas empresas constructoras, hay más de 30 que ya están en peligro de caer en bancarrota por la falta de pago, advirtió.

El Gobierno del Estado había solicitado la autorización al Congreso local para emitir bonos carreteros por una suma de hasta 6 mil millones de pesos para pagar un crédito bancario de corto plazo y liquidar cuentas con proveedores.

La solicitud se aprobó apenas el 6 de julio pasado, pero el proceso se suspendió cuando la asociación civil “mexicanos contra la corrupción y la impunidad” promovió un amparo en contra de esa decisión del Congreso de Chihuahua, y fue este lunes 8 de agosto cuando el juzgado 1 de Distrito declaró improcedente tal solicitud, lo cual abrió la puerta para contratar ese nuevo débito.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Miguel Guerrero Elías, demandó que el Gobierno informe con claridad en qué se gastará esos 3 mil millones de pesos del próximo crédito, así como el nombre de los proveedores, la obra que realizaron y la cantidad que se les adeuda.

En ese sentido, demandó que la Auditoría Superior del Estado audite el manejo de esos recursos, así como los contratos y los montos pagados a los proveedores que actualmente están en moratoria.