He de confesar que soy admirador de la Doctora Denisse Dresser y de su capacidad para transformar sus ideas en editoriales que desnudan verdades dolorosas pero necesarias. Hace algunos años, leyendo un editorial de la Dra. Dresser; leí sobre una actividad académica que usualmente les pedía a sus alumnos en el primer día de clases en el ITAM: investigar quien era su diputado federal y escribirle; ¿la razón? Muy sencilla, construir una ciudadanía participativa.
Inspirado en esta excelente práctica, cuando tuve la oportunidad de trabajar como maestro tutor en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey; se diseñó e incorporó una actividad para que los estudiantes de esta universidad investigaran, en una primera etapa quien era su legislador; en una segunda etapa una problemática de su distrito o comunidad y en una tercera etapa; escribirle a su diputado federal para proponer una solución.
Si realizáramos una breve encuesta en la que preguntáramos a los neoloneses el nombre de su diputado local y el partido político al que pertenece su legislador en el Congreso del Estado; la mayoría de los ciudadanos de nuestra entidad no sabrían la respuesta por un número indeterminado de razones, algunas justificadas y otras no. Sin lugar a duda, en el imaginario colectivo de Nuevo León quien tiene el poder político es el Gobernador del Estado y los legisladores son relegados a un segundo plano.
Pero los legisladores de Nuevo León, al ser parte del Poder Legislativo de la entidad; son actores fundamentales en el funcionamiento político de Nuevo León; no solamente por ser responsables del proceso de análisis, discusión y aprobación de leyes sino por tener la responsabilidad de aprobar la cuenta pública del estado, de los municipios e, inclusive; por tener la capacidad de declarar la desaparición de poderes en un municipio.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la LXXIV Legislatura del Estado de Nuevo León tiene un presupuesto asignado para este año de poco más de 302 millones de pesos; es decir, cada diputado local tiene un presupuesto de 7 millones 193 mil 328 pesos y tienen un sueldo bruto mensual de 83 mil 154 pesos.
Y aunque según el IMCO, el Congreso de Nuevo León es una de las legislaturas más activas del país; los legisladores locales elegidos en el año 2015 no han innvoado en su estrategia de representar a los habitantes de sus distritos.
El espíritu de la reforma que permitió la reelección de los legisladores era, de alguna forma; obligar a que los representantes elegidos por los ciudadanos regresaran a sus distritos pero no solamente a buscar el voto en las elecciones sino también, trabajar en el diseño de una agenda ciudada puntual que permitiera la gestión y el desarrollo de soluciones para los grandes retos que enfrenta nuestra entidad.
Lo malo es que a los actuales diputados no les importa trabajar y ganarse la reelección porque los responsables de elegir las candidaturas son los partidos políticos, no los ciudadanos. Uno de los tantos retos pendientes para transitar hacia una verdadera transición democrática es empoderar a los ciudadanos en el Congreso del Estado mediante el impulso de una agenda verdaderamente ciudadana y no partidista. Por lo menos, en el ámbito más cercano a nuestra realidad, en el ámbito local; los ciudadanos podemos trabajar para hacer la diferencia.
* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor político de la firma internacional Global Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.