Monterrey

Comentario sobre algunos aspectos del dictamen a la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León

OPINION. La revocación de mandato, por lo desproporcionado de sus requisitos y los filtros que se establecen para activarla, es un instrumento de defensa del poder y no un instrumento de los ciudadanos.
DIARIO DE FINANZAS
Abraham Nuncio Limón
06 enero 2016 10:22 Última actualización 06 enero 2016 10:36
Abraham Nuncio Limón

Abraham Nuncio Limón

Hago llegar estos comentarios a los ciudadanos que participaron en la discusión en torno a la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, a los diputados integrantes del Congreso de Nuevo León, a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los partidos políticos de la localidad y a diversas instituciones educativas y profesionales de la academia.

Los aspectos más notorios del dictamen en comisiones de la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana (LPC) son, según alcanzo a ver, los siguientes:
Su desmesurada extensión. Contiene 138 artículos: sólo 14 artículos menos que los que contiene la Constitución Política del Estado de Nuevo León. Esto es así por una falla de técnica legislativa que funde –y confunde– ley y reglamento en un mismo cuerpo legal. La LPC, como todas las leyes, debe contener los principios, definiciones, competencias, rango jurídico (de la que se trata, en este caso, es una ley orgánica; de aquí su importancia), protección o garantía institucional, legalidad, legitimidad, en que basa su existencia y eficacia. Otro es el papel que cumplen los ordenamientos reglamentarios.

De esa confusión resulta el excesivo propósito de organizar a la ciudadanía en sus órganos de participación (las asambleas, comités y consejos), que deben responder a una expresión espontánea de la misma. Algo equivalente, pero más estriado, a lo que sería intentar regular, desde el derecho laboral, la vida interior de los sindicatos. Esto se hace en la práctica –lo cual es execrable–, pero no existe en la ley.

No hay seguridad de que en el pleno del Congreso no se intente emplear la lógica sinuosa que pudo verse en el proceso de dictaminar la iniciativa de la LPC al diferenciar, por una parte, a las figuras de referéndum y plebiscito, caracterizadas dentro del concepto más amplio de consulta ciudadana, de la revocación de mandato. La revocación de mandato, según esa misma lógica, introduciría una discriminación sin fundamento. De hecho, la propia definición de esta figura lo dice textualmente en el artículo 64 del dictamen: “La revocación de mandato es el mecanismo de consulta a las y los ciudadanos a fin de que estos se pronuncien mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la cesantía de quienes ostenten cargos públicos de elección popular con anterioridad a la terminación del periodo para el cual fueron electos.” En beneficio de la claridad, tanto las figuras de referéndum y plebiscito como la de revocación de mandato debieran quedar diferenciadas como instrumentos de la ciudadanía en la aspiración de tener influencia en la vida pública. Tal y como está redactado el texto en el dictamen, la revocación de mandato, por lo desproporcionado de sus requisitos y los filtros que se establecen para activarla, es un instrumento de defensa del poder y no un instrumento de los ciudadanos para actuar en contra de los funcionarios que no lo empleen en beneficio del pueblo.

La consulta ciudadana, strictu senso, no puede tener el mismo impacto en la legislación y en los actos de gobierno que el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. La consulta ciudadana puede, incluso, no ser vinculatoria. El referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, cumpliendo con los requisitos (racionales, desde luego, y no como los contempla el dictamen, sobre todo en torno a esta última figura) deben tener un carácter vinculatorio y sin tener que pasar, como también lo prevé el dictamen, por la aprobación del Congreso del Estado.

* El autor es Director del Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL.


Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.