El viernes 8 de enero, el gobierno de Enrique Peña Nieto informó que había reaprendido a Joaquín "El Chapo" Guzmán. Con la frase "misión cumplida," la administración Peña parecía demostrar con hechos que el editorial del lunes 4 de enero del "New York Times", en el que se criticaba la falta de transparencia, rendición de cuentas y la necesidad de que el Estado mexicano cooperara en una investigación internacional sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotiznapa, no solamente estaba equivocado, sino que, además, el Estado mexicano retomaba una posición de eficiencia y liderazgo.
Una semana después, Humberto Moreira, ex Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue arrestado en Madrid por el delito de lavado de dinero. Por si fuera poco, en las últimas horas ha trascendido de manera extra oficial que el ex Gobernador de Coahuila podría tener nexos con el narcotráfico.
Resulta histórico para México que, por primera vez en la historia, un ex presidente nacional del PRI pise la cárcel…en España. Este hecho sin precedentes tiene origen en las investigaciones que las autoridades de los Estados Unidos han realizado para determinar el origen de los recursos del ex Gobernador de Coahuila.
Hoy, la impunidad se ha convertido en una facultad meta constitucional que se extiende a nuestra clase política sin importar colores o ideologías. Las reformas estructurales que tanto trabajo costaron alcanzar a los tres grandes partidos políticos del país no serán suficientes para detonar el desarrollo del país si la clase política mantiene su negativa de hacer efectivo el Estado de Derecho. Solo así podemos mover realmente a México.
Jaime Rodríguez fue muy criticado en campaña por no tener propuestas concretas para mejorar la administración de Nuevo León. Sin embargo, muchos han olvidado que la única promesa puntual de su campaña fue investigar la administración de Rodrigo Medina de la Cruz para, en caso de ser necesario, presentar cargos contra quien resulte responsable.
Resulta muy representativo que los presuntos casos de corrupción de México sean atraídos por autoridades internacionales y no por nuestras instituciones. Hasta la fecha, el Gobierno del Estado de Nuevo León no ha presentado los elementos necesarios para determinar si Rodrigo Medina o alguno de sus funcionarios realizaron actos de corrupción. Lo que sería muy lamentable, es que llegara una orden de aprehensión en contra de algún ex funcionario de la administración estatal anterior por solicitud de una autoridad del estado de Texas. De ser este el caso, ¿para qué tendríamos autoridades que "administran la justicia" sino son capaces de realizar su trabajo como deben?
Ernesto Canales y la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León tienen un reto enorme: permitirle a la sociedad conocer con hechos y pruebas si algún actor incurrió en actos de corrupción en la administración anterior. Pero no solo es necesario determinar si alguien cometió este delito sino, además, denunciarlo ante las autoridades correspondientes. El cumplimiento cabal del Estado de Derecho no puede esperar más.
La pregunta que queda en el aire es si Jaime Rodríguez tendrá la voluntad política para enjuiciar a quien resulte responsable por casos de corrupción o si quiere beneficiarse del pacto de impunidad que impera en Nuevo León y en México.
* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor político de la firma internacional Global Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.
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