MONTERREY.- Pese a que Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) dijo que la demanda interpuesta en su contra por Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA, de Bolivia, no tiene bases sólidas, Juan Carlos Requena, vocero de esta firma, señaló que el Tribunal Arbitral de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial confirmó que su postura en esta disputa legal es correcta.
"Si bien GCC ha interpuesto un recurso de anulación contra el laudo arbitral ante las Cortes bolivianas, no existe hasta la fecha una medida que ordene la suspensión de ejecución del laudo final. En este sentido, la legislación boliviana no establece que la simple interposición de un recurso de anulación contra un laudo arbitral conlleve automáticamente la suspensión de su ejecución", señaló Requena.
Agregó que "la firma mexicana omite mencionar que contractualmente renunció a todo recurso de anulación, excepción o apelación contra cualquier laudo emitido por el Tribunal Arbitral, pese a ello, ha actuado en contra de sus propios compromisos".
La cementera mexicana explicó que CIMSA inició un arbitraje internacional en su contra ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, el cual estableció en su laudo final el pago de GCC y su subsidiaria GCC Latinoamérica de 36.1 millones de dólares por concepto de daños y gastos a favor de la demandante.
El directivo dijo que CIMSA considera el recurso interpuesto por GCC como un nuevo incumplimiento del acuerdo de accionistas anteriormente referido y, por tanto, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que a su derecho convengan.
Requena aclaró que, en cuanto a la resolución de medidas cautelares obtenidas por GCC de un juzgado de Chihuahua, México, ésta no surte efectos dentro del proceso arbitral seguido contra la empresa en Bolivia. Por ésta y otras razones, CIMSA ejercerá los derechos que le corresponden ante las autoridades pertinentes en Bolivia y en los países en que los laudos puedan ser ejecutados.
CIMSA sostiene que GCC incumplió el acuerdo de accionistas suscrito como miembro de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) mediante el cual, si alguno de los dos quería vender su participación en esta empresa, tendría que hacerlo a su socio, pero en agosto del 2011 la firma mexicana vendió sus acciones a la empresa Consorcio Cementero del Sur, de Perú.
GCC justificó esta acción indicando que CIMSA le presentó una oferta de compra, la cual no cumplió con lo establecido en el acuerdo de accionistas, por lo que le informó del incumplimiento a ésta, quedando ellos en libertad de vender su participación accionaria en Soboce.