La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Monterrey (AMPI) espera que la Ley Inmobiliaria esté lista en marzo
del 2017.
"Se hicieron las modificaciones que pidió el Ejecutivo y ya se aprobó
por el Pleno del Congreso y estamos esperando una reunión con
el jurídico del Gobierno del Estado para proceder a trabajar en la
licencia inmobiliaria", dijo Blanca Garza, consejera de AMPI Monterrey
para el período 2017-2018 e integrante de la Comisión que revisó
esta iniciativa de Ley.
Esta legislación fue aprobada por unanimidad por el Congreso del
Estado el 28 de septiembre de este año, pero fue vetada por el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
"El Ejecutivo tiene tres meses para aprobar esta ley, por lo cual
esperamos que salga en marzo del 2017, pero vamos a tener la
licencia inmobiliaria, lo cual dará certidumbre a las operaciones inmobiliarias", expresó.
Garza dijo que han tenido todo el apoyo de la Secretaría de Economía
para aprobar esta legislación que protegerá el patrimonio de los nuevo- leoneses.
La licencia inmobiliaria ya opera en 18 estados y busca evitar fraudes en la compra-venta de propiedades.
Además, se crea también el Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios,
cuyo objetivo es regular las operaciones de estos profesionistas, así como el de establecer y operar las normas y principios para su trabajo.
Este Padrón Estatal de Agentes Inmobiliarios será operado por el Gobierno del Estado y para su registro en el mismo se requerirá haber cumplido con una serie de cursos con el fin de garantizar que las personas inscritas en el mismo cuentan con el conocimiento suficiente
en la materia.
Con esta Ley, Nuevo León se convierte en la décimo novena entidad
que cuenta con una legislación inmobiliaria, sumándose a estados como Baja California, Coahuila, Campeche, Morelos, Tabasco, Ciudad
de México, Colima, Sonora, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana
Roo, entre otros.
De igual forma, mediante esta ley lo que se pretende es salvaguardar
los derechos de los agentes inmobiliarios registrados, así como dar
certeza al público en general que pueda requerir sus servicios, lo anterior mediante la imposición de algunas obligaciones que tienen
como fin dar certeza a los usuarios y a las operaciones inmobiliarias.
Uno de los motivos para vetar esta ley es la obligatoriedad que tendrían
los asesores de pagar derechos para obtener una licencia e inscripción
en el padrón.
Monterrey