Monterrey

¿Agua privada? ¿En serio?

OPINIÓN.
OPINIÓN ACADÉMICA 
Homero Zambrano
hzambranom@itesm.mx
21 marzo 2017 7:59 Última actualización 21 marzo 2017 9:20
Homero Zambrano

Homero Zambrano

Por distracciones no hemos parado, desde el Brexit y asuntos similares.
Encima de eso, ya otros tantos empezaron a mortificarse con “un peligro para México 2”. Y ni para qué negarlo, problemas actuales y potenciales tenemos hasta para regalar. Ante esto, debemos tener prioridades.

Una de esas prioridades debe ser el agua, y realmente son pocas las personas que parecen darle la importancia debida al tema, aparte de contados especialistas de las principales instituciones de educación superior, organizaciones y algún legislador. Pensemos en nuestra eventual situación sin agua. Haría palidecer cualquier otro, quizá con excepción de la energía eléctrica, sin la cual no podríamos bombear el agua.

Hay quienes piensan que es suficiente con el artículo 27 constitucional. Pero éste deja huecos preocupantes, especialmente la parte de “las aguas del subsuelo pueden… apropiarse por el dueño del terreno” y las ya conocidas concesiones. Contrasta con el celo reservado para la “transmisión y distribución de energía eléctrica”, actividades donde “no se otorgarán concesiones”.

Vamos por partes. Podemos anticipar una y más de las maromas retóricas de los “operadores del cambio”: “El agua no se privatiza, únicamente se busca hacer más eficiente su distribución”. Claro, el proceso desde los mantos freáticos hasta el grifo casero tiene muchos pasos para placer de los interesados. Desde la exploración, explotación, tratamiento, distribución y hasta la cobranza del servicio, claro, pasando por el mantenimiento de las redes. Las supuestas razones para concesionar partes del servicio van a llover con más abundancia que la propia agua.

Los monopolios no funcionan en manos privadas, y en manos del gobierno son el mal menor. Quiero que alguien me explique cómo la distribución del agua puede no ser un monopolio (es un “monopolio natural”, como dicen los economistas). En México ya vimos esto con los aeropuertos, y ahora son los más caros del mundo. Digo que en manos del gobierno son el mal menor porque en aras de conservar el poder, los políticos y sus partidos tienen el interés de proveer el servicio a bajo costo y con mediana calidad. Una vez “concesionado” a un monopolio privado, ¿cómo lograr siquiera atención? Recordemos los infames teléfonos de contacto que jamás logran comunicarnos con un humano.

En mi experiencia personal, prefiero tratar con el SAT, que con un banco.

¿Qué o quién nos asegura que el tratamiento de agua no va a parar a manos de alguna persona o grupo relacionado con embotelladores? ¿No es esto un conflicto de interés en ciernes? Y por más que nuestros legisladores “provean”, sabemos que abundan los expertos en encontrar “huecos” en las leyes. La corrupción es el principal obstáculo para creer en las promesas. No caigamos en el engaño de posibles nuevos participantes en el mercado; ya lo vivimos al inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio: Los potenciales productos competencia fueron importados por los fabricantes locales, minimizando el beneficio para la población, y cubriendo sus flancos.

Seamos claros: Una empresa tiene obligaciones para con sus accionistas, y la principal es hacer subir el valor de la acción. Para esto, no basta con tener utilidades, sino que estas crezcan. Probablemente uno de los principales problemas con el agua es que las redes en las principales urbes mexicanas son antiguas, están deterioradas, y gran parte del desperdicio del agua viene de ahí. Y claro, como los gobiernos de cualquier nivel no tienen recursos, hay que recurrir a la iniciativa privada. ¿Cómo creemos que van a recuperar la inversión (si es que en realidad la hacen) y lograr utilidades crecientes? Son personas de negocios, no filántropos.

Para algunos de los actores posibles en el escenario privatizador, los eventuales incrementos son apenas “razonables”, dado que ellos mismos gastan más en su diario latte transnacionalizado, ajenos a la realidad de las masas. Ya es tiempo de dejar dogmas de uno u otro signo; los gobiernos no tienen necesariamente que ser ineficientes. Analicemos la viabilidad de que los gobiernos consigan financiamiento, que por lo menos en teoría puede ser a menor costo que una empresa, y que con eso hagan un manejo eficiente del recurso hídrico en cada una de sus etapas.

Estemos atentos ante posibles legisladores y funcionarios vendidos, que buscan beneficiar a sus pares de clase, o a sus dueños virtuales.

Privatizar el agua no es tolerable. Conflictos como Cochabamba 2000, o más cercanos como Mexicali 2016-2017 pueden ser sólo una muestra de lo que puede pasar.

El autor es profesor del departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Campus Monterrey. 

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.