Enfoques

Un protocolo que consolida la cultura de inclusión social

La Suprema Corte emite un documento rector para fortalecer la protección de garantías de personas con capacidades diferentes, se busca fomentar actitudes proactivas.
Fernando Ramírez De Aguilar
31 marzo 2014 22:49 Última actualización 01 abril 2014 5:0
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Feria Empleo discapacitados CAURTOSCURO

La impartición de justicia no está al margen de las demandas de un trato igualitario para todos. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. Derivado de las reformas constitucionales en derechos humanos, es indispensable e impostergable que los jueces federales cuenten con las herramientas necesarias para impartir justicia a las personas con discapacidad y se modifique la cultura jurídica que tradicionalmente ha desconocido los derechos de esas personas, entre los que se encuentra no participar en la toma de decisiones que les afectan.

Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su presidente Juan Silva Meza, al presentar el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, que fue dado a conocer ante académicos y representantes de organismos internacionales.

El Ministro Silva Meza dijo que las acciones que pretenden adoptarse desde el Poder Judicial Federal “implican asumir actitudes proactivas dirigidas a generar diversas y benéficas consecuencias como facilitar a los juzgadores el conocimiento de las necesidades y requerimientos personales, así como el entorno de vida de las personas con discapacidad; sus condiciones específicas e incluso propiciar que los propios impartidores de justicia busquen el apoyo de personal multidisciplinario para resolver adecuadamente litigios concretos.

Se pretende incidir en las medidas que garanticen que los órganos de impartición de justicia cuenten con personal capacitado y con instalaciones judiciales y servicios accesibles para todas las personas.

El protocolo parte del principio de que es indispensable poner en el centro de la discusión pública el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos ante la ley, generando un debate social propositivo que culmine con el reconocimiento efectivo de la capacidad jurídica de las personas que pertenecen a este grupo de la sociedad largamente menospreciado.

Ante Agustina Palacios, coordinadora del área de discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; Pablo Yanes Rizo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), consejeros de la Judicatura Federal y organizaciones sociales, el ministro Silva Meza anunció que esta misma semana presentará en el seno de la Asamblea Plenaria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, en Santiago de Chile, un Protocolo de Actuación para juzgadores de la región que “tengan en sus manos casos que involucren a personas en estado de vulnerabilidad”.

Este esfuerzo multilateral, explicó, fue propuesto por México y aprobado en Buenos Aires, y ha requerido dos años de trabajo y también ha contado con la participación de diversos países iberoamericanos, y se basa primordialmente en la experiencia adquirida a partir de la elaboración de los protocolos nacionales.

El protocolo tiene ya un impacto internacional y colabora con los máximos tribunales de la región para que se desarrolle un diálogo jurisprudencial orientado por la preocupación común de proteger los derechos humanos de las personas de la región iberoamericana.

La doctora Agustina Palacios advirtió que la discapacidad es un asunto de derechos humanos y quienes la viven son sujetos de derechos y no de políticas asistencialistas.

Pablo Yanes Rizo recordó que la CEPAL sostiene que el problema central de América Latina, es la desigualdad, por lo que la obligación de los Estados es alinear la legislación, las políticas, la impartición de justicia, los presupuestos y las acciones públicas para reducirla.