Enfoques

Ni censo confiable, ni supervisión, ni normatividad

Las instituciones registradas como asociaciones civiles deben ser supervisadas por Hacienda, Salud, Sedesol y DIF. Además de la Junta de Asistencia Privada, si existe; no obstante, en la práctica esto no ocurre.
Periódicos Asociados en Red
17 agosto 2014 23:9 Última actualización 18 agosto 2014 5:0
Albergues (Edgar López)

En la mayoría de este tipo de establecimientos existen focos rojos que no han sido atendidos.(Edgar López)

A nivel nacional no se cuenta con una política de supervisión estandarizada ni una normatividad uniforme. Los albergues operan como pueden, con los recursos que consiguen, y los gobiernos locales ejercen una supervisión deficiente.

En el Distrito Federal existen, oficialmente, 119 albergues públicos y privados para niños, los cuales atienden a 2 mil 214 menores.

La Ley de Albergues públicos y privados para niñas y niños, vigente en el DF desde el 2012, obliga al gobierno capitalino a publicar y actualizar el padrón de estos sitios que atienden a menores de edad.

Luego de buscar por días dicho documento y solicitarlo a las autoridades, la Secretaría de Desarrollo Social capitalina publicó el documento apenas el pasado jueves 7 de agosto en el sitio web del Instituto de Asistencia e Integración Social. El censo destaca que la mayoría de los albergues son privados.

Efraín Morales, asambleísta del PRD, uno de los promotores de la Ley de Cuidados Alternativos, calcula que en la capital hay 5 mil 500 niños en albergues; 3 mil 286 más que los que reporta el GDF. Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, también reconoce que no se tienen estadísticas fidedignas y según el diputado federal, Carlos Augusto Morales, a nivel nacional no hay registro.

La directora del DIF Mérida, Gabriela González, y el director del DIF Yucatán, Limber Sosa, admiten la probable existencia de albergues clandestinos y que pueda haber casos de explotación de menores.
Además de la falta de un padrón, se carece también de claridad y homogeneidad en la normatividad. Falta formación educativa, poco personal y seguridad insuficiente.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la ALDF, Dinorah Pizano, dijo que se está haciendo una revisión de la estructura y normatividad que regula a la Junta de Asistencia Privada del DF.

De las 119 instituciones del padrón oficial, el DIF capitalino sólo tiene convenio con 13 albergues privados, a los que ha canalizado a 188 pequeños y a los que destina 4.5 millones de pesos al año.

Gamaliel Martínez, director del DIF local, afirma que mediante las visitas de inspección “hemos encontrado acciones donde se tienen que mejorar los procesos, algunas carencias vinculadas a la atención o la supervisión y hemos detectado que el tema de apoyo psicológico y médico se deben reforzar”. Pero esa supervisión no abarca a las que no tienen convenio con el DIF.

La falta de vigilancia y una legislación laxa permiten el lucro, la improvisación y, lo más grave, da pie a que se cometan abusos. Además no se exigen requisitos mínimos para constituirse y operar.
“Los gobiernos federal y locales deben ser más estrictos con los albergues privados”, advierte María de la Mora, académica del CIDE.

Según la directora de la Fundación Fraternidad Sin Fronteras, Carmen Madero, que opera en Coyoacán, por cada albergado se requieren 11 mil pesos al mes.

Para Guadalupe Mariscal Torroella, presidenta de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de México, no sólo urge actualizar los censos de los albergues sino que estos se transformen en Instituciones de Asistencia Privada para que tengan mayor control y seriedad en su operación. Las IAP están verificadas por las Juntas de Asistencia Privada, que deberían existir en cada estado, y rendir cuentas a una Coordinación Nacional, pero sólo 16 estados cuentan con ellas.

Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redin), dice que el cuidado de niños y niñas en estos lugares ha sido el de la asistencia, pero no hay una atención individual y no existe una regulación uniforme en el país que diga cómo deben funcionar ni cómo deben ser supervisados.