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Diputados piden corregir hacinamiento en cárceles

Presentan punto de Acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional para que la Permanente exija una solución al Gobierno, ya que en sólo 27 penales se concentra más de la mitad de las 254 mil personas que conforman la población carcelaria en México.
Víctor Chávez
27 julio 2014 19:1 Última actualización 28 julio 2014 5:0
Hacinamiento en cárceles (Cuartoscuro)

Se ha duplicado la población penitenciaria, debido a que el sistema no cumple con los objetivos legales. (Cuartoscuro/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados demandó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigir al gobierno federal atender de inmediato el problema de la sobrepoblación y hacinamiento en penales locales y federales, ya que en sólo 27 de los 387 existentes se concentra más de la mitad de la población carcelaria nacional.

En un estudio presentado se alerta que en México actualmente se encuentran recluidas 254 mil personas en algún centro de readaptación, en espacios diseñados para albergar 199 mil reclusos, según estimaciones de la International Centre for Prision Studies (ICPS), lo cual demuestra que es necesaria una mejor distribución.

Plantea que “la vulneración de los derechos de los reclusos se extiende a distintas áreas, como la de trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la familiar y la recreación, entre otras, debido en buena parte a las condiciones de sobrepoblación”.

Destaca que atender esta problemática “es una de las acciones más urgentes para mejorar las condiciones en las prisiones del país” y “emprender una profunda renovación del sistema penitenciario”.

El documento -presentado como un “Punto de Acuerdo”- pide a las autoridades responsables del control y operación de los Centros de Readaptación Social estatales y federales “establecer mecanismos de control que permitan el respeto irrestricto del derecho al no hacinamiento, a la salubridad y a otras condiciones materiales de reclusión óptimas”.

Plantea que “lograr efectividad en los programas de reinserción social radica en solucionar la sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario”.

Advierte que aunque la población penitenciaria se ha duplicado, “los mexicanos no se sienten más seguros, debido a que el sistema penitenciario no cumple con sus objetivos sociales y legales”.

Presentado por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, secretario de la Comisión de la Defensa Nacional, el estudio agrega que “se tienen que generar las políticas públicas necesarias que posibiliten una profunda renovación del sistema penitenciario, mediante la atención y solución de los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, infraestructura, insuficiencia de recursos y personal penitenciario, el cual no está capacitado ni sensibilizado en el respeto de las garantías individuales”.

Indicó que, en términos generales, los empleados “carecen de estabilidad laboral y reciben remuneraciones muy bajas, condiciones que en conjunto propician corrupción. Además, su formación profesional no es la idónea, ya que los cursos de capacitación son de corta duración y los de actualización son escasos y poco formativos, lo que confirma la inexistencia de una auténtica carrera penitenciaria”.

“El sistema penitenciario requiere de una renovación general que solucione el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, en donde se respeten los derechos humanos de los reclusos y en el que se instruya personal capacitado de carrera, el cual ayude a reinsertar de manera efectiva a la población penitenciaria a la sociedad”, se demanda.

INADECUADA POLÍTICA CRIMINAL

Concluye que una de las causas principales del incremento de la población penitenciaria en los últimos años, se debe en gran medida a “un mal diseño de la política criminal estrechamente relacionada con la ampliación del catálogo de delitos graves, y a la falta de criterios para imponer medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva”.

Considera que “es momento de implementar medidas para que los centros penitenciarios dejen de ser un motivo de vergüenza para los gobiernos y la sociedad, a fin de que se conviertan en un desafío prioritario y en una urgente exigencia de labor compartida e integral de las instituciones públicas”.