Catecismos cívicos
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Catecismos cívicos

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Catecismos cívicos

El problema que pretende atacar la constitución moral es auténtico, pero el instrumento es anacrónico y su eficacia dudosa.

Por Carlos Illades
07/09/2018
Alfonso Reyes poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano.

La comisión instruida por el presidente electo para redactar una constitución moral, anunciada la última en febrero pasado en el congreso extraordinario del Partido Encuentro Social, ha dado pie a preguntarse sobre la relación de la moral con el orden jurídico, si vincularlos conlleva la intromisión de la religión en el marco republicano y, de ser la respuesta afirmativa, si ello socava el Estado laico. Para tratar de entender las posibles implicaciones del texto por venir, propongo colocarlo en la perspectiva de un género del discurso político que conocemos como catecismos cívicos, el cual tiene un tranco largo en la historia del país. También estoy cierto que, aunque está en desuso este documento peculiar, al grado de ser o al menos parecer anacrónico en nuestro tiempo, apunta a un problema genuino de la tradición política, esto es, si las normas del pacto social se cumplen por sí mismas o bien necesitan de elementos externos para acatarse.

La convicción de que los ciudadanos requieren de cultura, valores o educación para actuar convenientemente en sociedad procede de lejos. Los antiguos denominaban paideia a la formación del hombre, entendida como mejora y perfeccionamiento a fin de crear individuos aptos para cumplir los deberes cívicos. Entre los modernos, Rousseau habló de una religión civil “cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel”. Los sansimonianos instauraron un culto civil basado en la ayuda mutua y la solidaridad para fortalecer su proyecto social, el cual pasaba por conformar un “nuevo cristianismo”. El anarquismo pugnó por una libertad radical sin la coerción estatal, lo cual exigiría una moral pública respetada por todos y no una constitución política que constituyera a la comunidad como Estado. Y, hace poco más de medio siglo, los revolucionarios cubanos debatieron sobre los incentivos pertinentes (morales o materiales) para aumentar la productividad, más allá del deber ciudadano de trabajar.

El Estado laico separó la esfera religiosa de la civil pero no resolvió el problema de la cabal observancia de las leyes (o lo que llamamos actualmente Estado de derecho) al desatender las condiciones indispensables para que éstas se cumplan. Los catecismos cívicos trataron de hacerles frente, propiciando el cultivo de los principios republicanos ante el repliegue de la Iglesia al ámbito privado, mientras que en las escuelas la cátedra de moral (posteriormente civismo) remplazó a la de religión justo en el ánimo de que la instrucción escolar debía hacerse cargo de la introyección de los valores patrios en los educandos.

A pesar de su connotación religiosa, catecismo todavía era un término corriente para nombrar los documentos políticos a mediados del siglo XIX: recordemos la sugerencia de Engels de llamar así al Manifiesto Comunista, aunque el panfleto político más famoso de la historia señalaba que la revolución comunista era la ruptura “más radical con las ideas tradicionales”. Y también a Bakunin, que en 1866 dio a conocer el Catecismo Revolucionario de la Fraternidad Internacional, no precisamente para instaurar el reino de Dios en la Tierra. En México, Nicolás Pizarro Suárez, a caballo entre el liberalismo y el socialismo romántico, publicó el Catecismo de moral en 1868 para colmar el vacío de la enseñanza religiosa con una moral republicana idónea a la Reforma. El tercero de los catecismos del autor de El monedero aspiraba a convertirse en libro de texto de las escuelas públicas (expectativa que coartó Gabino Barreda al leer entre líneas un “vago deísmo”) dada la relevancia de la instrucción moral, “superior a toda doctrina, para que los deberes de todo género tengan un apoyo sólido y permanente”. Esto es, la educación servía para formar ciudadanos y la Constitución Política de 1857, con la que estuvo fuertemente comprometido el novelista, necesitaba de un soporte moral para realizar su cometido: la ley era insuficiente por sí misma, requería de un complemento para acatarse voluntariamente, sin emplear la coacción estatal. Pero no sólo eso, el Catecismo de moral trató de inculcar un compromiso social con los pobres conminando a los ricos a “devolver la masa común de la riqueza pública”. También la narrativa literaria de Pizarro obedeció al propósito de crear ciudadanía, pues sin trabajo productivo —“el goce más puro, el origen de muchos bienes, el asiento de las virtudes sociales, de la grandeza de las naciones, y de la independencia del hombre”— y la redistribución de la riqueza, la ciudadanía política consagrada en el orden legal no pasaba de ser un buen deseo.

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación, emprendió una magna campaña alfabetizadora y convocó a Alfonso Reyes para reforzarla con un texto didáctico, motivacional, de allí surgió la Cartilla moral (1944). El helenista neoleonés se pronuncia contra el principio tecnocrático que subordina la praxis humana a la razón instrumental, por lo que plantea recuperar la paideia como fundamento educativo, pues “se puede haber adelantado en muchas cosas y, sin embargo, no haber alcanzado la verdadera cultura”; esto acontece “siempre que se olvida la moral” o “código del bien”. El título del opúsculo ya no remite al lenguaje decimonónico —“no tenía objeto dictar los preceptos como en el catecismo”, advierte Reyes—, ni pretende suplir a la religión en la formación de las conciencias —“se ha usado el criterio más liberal, que a la vez es laico y respetuoso para las creencias”—, más bien sugiere algo didáctico, operativo, práctico, una suerte de instructivo básico y de fácil acceso que en catorce lecciones contribuye a realizar la política social del Estado posrevolucionario. Por tanto, la presunción de que la acción pública, y en este caso el cumplimiento del artículo 3 constitucional, precisaban de un discurso moral continuó vigente, de manera tal que “podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita” y, al mismo tiempo, asumir que los respetos morales “equivalen a los ‘mandamientos’ de la religión”.

De la futura constitución moral conocemos únicamente eventuales fragmentos ofrecidos por discursos, escritos de Andrés Manuel López Obrador y la declaración de principios de su partido, la cual apunta a modificar la forma de hacer política, entendida ésta como “una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir a México” de acuerdo con “la constitución política y las leyes de que ella emanen”. La coyuntura a la que responde el documento en ciernes es muy diferente a la de los catecismos cívicos precedentes: busca atajar las calamidades de un país carcomido por la corrupción y desangrado por la guerra interna; pretende tejer además los lazos sociales rotos a fin de reconciliar a la sociedad sin romper con el texto constitucional de 1917, al que el presidente electo quiere ceñir sus políticas de acuerdo con sus declaraciones públicas.

Ahora bien, conviene detenerse en el término constitución, el cual ha generado suspicacia: ¿Otra constitución aparte de la Carta Magna? ¿Además moral? La interpretación que propongo considera que, como los catecismos precedentes, la constitución moral no refiere al marco normativo sino a las condiciones indispensables, o disposiciones morales, para que éste opere. En un segundo nivel, que podríamos denominar ideal o utópico, esta constitución sentaría las bases de la república amorosa que irrumpió en el discurso obradorista en 2011 significándola entonces como el “renacimiento de México” por la vía de “propiciar condiciones de progreso con justicia; así como un modo de vivir sustentado en el amor a la familia, a los otros, a la naturaleza y a la patria, tal y como en su momento lo planteó Alfonso Reyes”.

2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México (2017) traza algunas pistas acerca de la constitución moral o “código del bien”. El texto de López Obrador habla de “impulsar una nueva corriente de pensamiento sustentada en los valores de la dignidad, la honestidad y el amor a nuestros semejantes”. Esta será el fundamento de una república fraterna o amorosa que procure la felicidad de los miembros del cuerpo social, moralice a los corruptos, aminore las desigualdades y siente las bases de “una convivencia futura basada en el amor”. Una vez redactada esta constitución moral —apoyándose en especialistas, artistas, científicos y la comunidad en sentido amplio—, el Estado fomentará valores “por todos los medios posibles”. Con este propósito “los contenidos serán transmitidos en las escuelas, en los hogares y a través de impresos, radio, televisión y redes sociales”.

La aspiración obradorista, agrego, sería convertir a la sociedad en una comunidad ética (como en la Clarens de Rousseau), donde cada cual hará lo debido y se someterá a las normas de manera casi natural. Sin embargo, la dificultad reside tanto en definir cuáles son los valores buenos para todos —si es que esto es posible en una sociedad compleja, plural y contradictoria—, como en determinar quién está facultado para fijarlos, o incluso si la pregunta es válida. Además, partiendo de la certeza de López Obrador según la cual el Estado mexicano funciona al servicio de una minoría, no hay razones para pensar que un cambio de administración modifique fácilmente esta situación fraguada durante décadas o siglos. Bien sabemos que la sociedad plenamente reconciliada es una quimera, aunque podamos albergar la expectativa legítima de resolver los conflictos de manera racional, justa y pacífica, y de que en lo posible se cumplan las leyes. Repito, el problema que pretende atacar la constitución moral es auténtico como traté de mostrar, pero considero anacrónico el instrumento, tengo serias dudas sobre su eficacia y no me parece siquiera deseable suscribir un decálogo estatal que oriente las prácticas y conductas de una sociedad diversa, desigual y lamentablemente tan fracturada como la nuestra.