Financial Times

Google no debe borrar la memoria de la web

Dentro de poco tiempo, los resultados de búsqueda de individuos en Internet empezarán a parecerse a biografías oficiales y reflejarán únicamente la información que ellos quieren que los demás sepamos, y no la realidad.
John Gapper
14 mayo 2014 20:6 Última actualización 15 mayo 2014 5:0
Tecnología

Una persona no sólo tiene derecho a la privacidad de sus datos, sino también exigir a cualquier organización que borre su información personal. (Bloomberg)

Tal vez el Tribunal Europeo de Justicia quiere imitar a la Corte Suprema de EU al demostrar una falta de juicio. Eso podría explicar por qué falló esta semana que una directiva emitida hace 19 años obliga a Google a borrar algunos resultados de búsqueda que no son del agrado de algunas personas.

Es posible que haya una cierta lógica arcana en la legislación europea que clasifica a los motores de búsqueda en Internet como “procesadores de datos”, junto con los editores y las entidades que almacenan datos personales, tales como las computadoras del gobierno. Pero esto sólo demuestra que la directiva europea para la protección de datos de 1995 es un mamarracho.

Pronto se formará una cola de individuos y entidades deseosos de borrar fotografías reveladoras, chismes de mal gusto, órdenes judiciales, condenas y cualquier evento que alguien considere vergonzoso. Dentro de poco tiempo, los resultados de búsqueda de individuos empezarán a parecerse a biografías oficiales, y reflejarán únicamente la información que ellos quieren que los demás sepamos, y no la realidad.

Estamos hablando de los resultados de búsquedas en Europa, por supuesto. Los resultados de búsqueda en EU y Asia no se verán afectados, ya que Google en Hong Kong presenta los resultados de búsquedas que el gobierno chino se niega a permitir en su territorio continental. Es bochornoso para la dirección del partido comunista que viejas fotografías de un hombre parado ante un tanque cerca de la Plaza de Tiananmen sean una distracción de la realidad actual.

He aquí un pequeño ejemplo de lo que probablemente sucederá. Una vez pensé en comprar una casa de un promotor inmobiliario. Cuanto más hablé con él, más sospechoso se me hacía, así que me dirigí a Google. En la segunda página de los resultados apareció que había sido encontrado culpable de fraude una década atrás, y se le había prohibido ejercer el derecho.

Si yo fuera dicho promotor, le escribiría hoy mismo a Google exigiéndoles retirar ese resultado. Podría argumentar que no soy una figura pública y que ese crimen fue un error de juventud. Según la interpretación del Tribunal Europeo de Justicia de la legislación europea, semejante individuo tiene un caso razonable con respecto a su “derecho a ser olvidado”.

Semejante acción le sería útil, pero no para quienes fueran a firmar contratos sin saber la verdad. Google podría rechazar su petición argumentando que se trata de un asunto de interés público, pero entonces él podría presentar una queja ante el comisionado de información del Reino Unido y Google se vería arrastrado a una lucha legal. Multipliquemos el caso por miles –probablemente decenas de miles– de demandas semejantes y el motor de búsqueda tendría un problema.

Lo absurdo de la sentencia de Luxemburgo es que a los motores de búsqueda ya no se les permitirá enlazarse a historias e informaciones que se publican legalmente. Esto no es como la aplicación de los derechos de autor en EU, bajo los cuales las compañías de música y cine pueden conseguir que Google elimine enlaces a sitios de piratería con contenidos ilegales.

La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia surge a raíz del caso de un hombre español, cuyos resultados de búsqueda de Google se vinculaban al listado de una subasta de una propiedad, publicado en un periódico de 1998, que mencionaba sus deudas previas con la seguridad social. El regulador español dictaminó que el periódico no tenía que retirar el comunicado original, pero sí que Google tenía que borrar el enlace al mismo. Los jueces más altos de Europa han coincidido con su fallo.

Por lo tanto, el agraviado no tiene realmente el derecho de relegar su pasado al olvido; simplemente tiene el derecho de que sea más difícil que otros lo encuentren. En el futuro, un posible socio o empleador en Europa que quiera comprobar su “buena fe” tendrá que buscar en los sitios de noticias locales de forma individual, entrar en el motor de búsqueda de Google en EU a través de una red privada virtual, o llamar a un amigo en el extranjero.

En lugar de esperar a una actualización de la ley que aplique al Internet, los jueces europeos han convertido en ley vastas y no deseables consecuencias. Cualquier motor de búsqueda que rastrea e indexa los datos de los sitios web cae en la misma categoría legal que una compañía que almacena información personal, y es igualmente responsable.

Eso es defendible en el ámbito de la jurisprudencia pero no tiene mucho sentido. Tampoco es la forma correcta de tratar con el desafío real de que los cambios tecnológicos han hecho mucho más difícil que las personas controlen sus datos personales. La gente tiene lo que Paul Bernal, profesor de derecho en la Universidad de East Anglia, llama “el derecho a eliminar”. Un individuo no sólo tiene derecho a la privacidad de sus datos, sino también el derecho a exigirle a cualquier organización –LinkedIn, Twitter, la oficina de su médico o su gimnasio– que borren su información personal si el individuo así lo desea.

El hecho de que uno pueda descubrir cosas más fácilmente que antes es una ventaja, no un defecto.

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