La Secretaría de la Función Pública (SFP)determinó que las observaciones de la testigo social Mónica María del Rosario Barrera Rivera sobre la licitación del sistema de telepeaje en autopistas federales están infundadas.
"Con respecto a las 14 observaciones determinadas por la Testigo Social, se comprobó que fueron infundadas, debido a que en los expedientes de los licitantes se localiza la evidencia documental para desvirtuar dichas aseveraciones", señala la auditoría de la SFP, de la que El Financiero posee una copia.
El año pasado, Caminos y Puentes Federales realizó una licitación para elegir un nuevo operador de telepeaje, luego de que el contrato de I+D, de BBVA Bancomer y Carlos Slim, se terminara, tras 10 años. El ganador fue el consorcio Telepeaje Dinámico, integrado por Impulsora de Servicios Terrestres, de Roberto Alcántara; Cointer Concesiones; Azvi Cointer e Integra Ingeniería.
Sin embargo, Barrera Rivera aseguró que el proceso no atendió las recomendaciones para asegurar la transparencia, lo que derivó en el cuestionamiento de la licitación.
En la auditoría realizada por la SFP se determinó que Barrera Rivera no asistió a dos de las 11 juntas de aclaraciones y en la última sesión se retiró del evento antes de que concluyera, pues no firmó el acta correspondiente.
Además, la dependencia descalificó cada uno de los pronunciamientos de la testigo social en su testimonio sobre el procedimiento.
Barrera Rivera destacó que el personal del ganador no formaba parte de la empresa, pero la SFP descartó que esto fuera necesario.
Además, la testigo criticó que los ganadores usaran certificaciones de personas físicas y morales ajenas a ellos, pero la Secretaría aseguró que estos documentos no eran determinantes para ganar la licitación.
La mayor parte de las observaciones de Barrera Rivera se dirigen a los costos ofrecidos por los ganadores: omisión del desglose de IVA; precios distintos para servicios iguales y cotizaciones por arriba de lo asignado a ciertas partidas. Todas ellas fueron desestimadas por la Secretaría, al argumentar que no eran determinantes en el proceso.
Otro de los rubros criticados por la testigo social fue desigualdad en la evaluación de los competidores, pero la SFP concluyó que estas observaciones fueron incorrectas.
"Del análisis de los contratos presentados por el licitante ganador para la acreditación de la experiencia no se desprenden elementos que acrediten el dicho de la testigo social en este rubro, por lo que resultan infundadas sus aseveraciones", dice el documento.
Barrera Rivera aseguró que los consorcios usaban el mismo backoffice, propiedad de Indra, pero la SFP señaló que no hay evidencia que sustente esto.
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