Empresarios alrededor del mundo anticiparon que el riesgo de soborno y corrupción aumentará dentro de su compañía, debido a que su negocio se expande a nuevos mercados que no conocen o que están cada vez más contratando a terceros como parte de sus operaciones, de acuerdo con el estudio "benchmarking" en anti-corrupción y anti-soborno 2015, realizado por Kroll y Compliance Week.
El estudio tiene como objetivo dar información a las compañías acerca del lastre que significan el soborno y la corrupción al interior de las mismas, y se realizó entre 252 grandes empresarios en todo el mundo.
La preocupación principal del 93 por ciento de los empresarios encuestados, es el pago de sobornos, seguido del lavado de activos (61 por ciento), manipulación de ofertas (60 por ciento) y fijación indebida de precios (56 por ciento).
En un comunicado, señalaron que las relaciones con terceros (proveedores, asesores, socios, entre otros) siguen siendo la mayor debilidad en los programas anticorrupción. Las personas que fueron entrevistadas para el reporte mencionaron tener relación en total con al menos 2 mil 900 terceros y 65 por ciento aseguró que en su negocio aumentarán el número de relaciones con terceros.
"Lo preocupante es que el 48 por ciento afirmó que jamás han entrenado o incluido a sus terceros en sus esfuerzos anticorrupción, cifra alarmantemente alta comparado con el 27 por ciento que sí entrena a sus terceros al menos una vez al año en la lucha contra el lavado de dinero y otras irregularidades ligadas a la corrupción", destacó el reporte.
Brian Weihs, director de Kroll México, indicó que el número de compañías que reportan tener en marcha programas de debida diligencia en asesores externos se ha incrementado del 87 por ciento reportado en 2013 a 92 por ciento en lo que va del año.
El director de Kroll México recomendó que el grupo de compañías que cuentan con relaciones con terceros deben categorizarlos por nivel de riesgo y reevaluarlos a todos cada cuatro años; con mayor frecuencia aún a los de mediano y alto riesgo.
Weihs comentó que habría que comparar los costos de un programa robusto de cumplimiento, que podría resultar relativamente costoso, con los probables costos en multas, de daño a la reputación y de los esfuerzos de recuperación que significarían acusaciones de cohecho sin poder mostrar medidas adecuadas de prevención.
"Por lo tanto, las políticas que las compañías mexicanas deben considerar seriamente es saber con quiénes se están trabajando de manera conjunta, para lograr objetivos de negocios. Esto sirve para minimizar los riesgos de fraude, así como tener mucha claridad a quiénes contratan las compañías, con quiénes hacen negocios y quiénes son sus proveedores", finalizó el directivo.
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