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‘Regresiva’, la iniciativa de ley secundaria en telcos: expertos

La legislación resta facultades al IFT, mientras confiere al gobierno federal atribuciones para controlar las comunicaciones. Diversos analistas la consideraron como un retroceso al avance de la reforma constitucional. 
Ramiro Alonso
24 marzo 2014 18:51 Última actualización 24 marzo 2014 18:51
[Cuartoscuro] Señala que la reforma tiene como objetivo que  las telecomunicaciones se presten bajo condiciones de competencia y calidad. 

[Cuartoscuro] Concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deben observar los criterios del Manual.

La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que el Ejecutivo federal envió al Senado de la República, representa un “retroceso” frente al avance que se logró en la reforma constitucional, dado que contiene diversas disposiciones que permiten al gobierno controlar las comunicaciones y, al mismo tiempo, resta facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), comentaron expertos.

Ayer al mediodía y después de más de tres meses de retraso, el Ejecutivo federal envió su propuesta de legislación secundaria al Senado de la República.

En conferencia de prensa, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), exhortó al Legislativo a deliberar cuanto antes al respecto. El periodo de sesiones ordinario concluye el próximo 30 de abril.

De acuerdo con el Título Octavo, “De la Colaboración con la Justicia”, el artículo 192 indica que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión información como nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; tipo de comunicación y servicio; origen y destino de las comunicaciones: fecha, hora y, en su caso, duración de las comunicaciones, entre otros.

Cuando medie una orden judicial, los concesionarios están obligados a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes, de acuerdo con la fracción VII del artículo 197.

“Es una propuesta bastante regresiva. En algunos casos es contrario a la Constitución”, dijo Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Explicó que la nueva regulación otorga atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no les corresponden, como es la de opinar sobre los informes trimestrales del IFT y de su programa de trabajo.

El documento, dijo, no es preciso en lo que se refiere a los derechos de las audiencias, además de que se establece un trato desequilibrado y desigual respecto de los medios públicos, sociales y comerciales.

Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, dijo que la iniciativa no tiene grandes diferencias con los borradores que circularon en días pasados y que fueron desconocidos por las autoridades de la SCT.

A decir de la experta, la nueva iniciativa del Ejecutivo pierde la noción de servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

"Lo establecido en la reforma, en lo relacionado con la parte de los derechos, está muy grave el intento de quitarle facultades al IFT. El Ejecutivo pretende, otra vez, subsumir al órgano regulador a sus determinaciones", comentó la directiva.

En su cuenta de Twitter, la legisladora perredista Purificación Carpynteiro, dijo que la iniciativa que envió el gobierno federal es “brutal” y va en contra de la reforma al sector aprobada el año pasado.

“Coincidimos @Javier_Corral y yo: iniciativa de @EPN en telecom es brutal contra-reforma. Estamos ante la 2da temporada de la Ley Televisa”, publicó en las redes sociales.

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