La reforma a las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario permitirá mayor certeza jurídica y transparencia en el otorgamiento de recursos del gobierno, previeron especialistas en el sector.
La reforma se publicó el 8 de junio y establece que para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de prórrogas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda la opinión sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo; su registro en la cartera de proyectos de inversión; así como la determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba pagar al gobierno federal.
Para Alejandro Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, se trata de una medida que busca transparentar la entrega de recursos.
"México va a requerir el doble de infraestructura por el crecimiento que está teniendo y lo que viene hacia adelante, esto transparenta los concursos en adelante y va a terminar con las dudas financieras de los fallos de algunos proyectos", señaló el especialista.
"Permitirá darle mayor certeza jurídica a los concursos en los que participen personas físicas y morales en la construcción de obra pública", dijo Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Además, en los casos de carreteras y ferrocarriles, la reforma incluye un avance en materia de liberación del derecho de vía, destacó Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura.
El decreto señala que los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán dentro de los costos totales del proyecto, resaltó el experto.
"Eso, en otras palabras quiere decir que las empresas deben de pagar el derecho de vía y de esa manera se estarán reduciendo las controversias entre privados y Estado por la adquisición del derecho en el que se construyen carreteras y vías del tren", previó Gamas.