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Propuesta de Ley en telcos deja desprotegidas a las audiencias: expertos

La iniciativa de legislación secundaria del Ejecutivo federal plantea la autoregulación de los concesionarios. Los especialistas ven necesario que se impulse la figura del ombudsman, ya que hay riesgo de que los derechos de los usuarios se vulneren.
Ramiro Alonso
30 marzo 2014 18:52 Última actualización 31 marzo 2014 12:14
[Bloomberg] Reforma de telecomunicaciones sustituirá la CFC por la Comisión Federal de Competencia Económica. 

[Bloomberg] Reforma de telecomunicaciones sustituirá la CFC por la Comisión Federal de Competencia Económica.

La regulación propuesta por el Ejecutivo federal en lo relacionado con la defensoría de las audiencias permite que sean los mismos concesionarios los que se autorregulen, lo cual generó críticas por parte de diversos expertos.

Al no establecer a una autoridad pública que se encargue de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los concesionarios, los derechos de los usuarios de los servicios de radiodifusión serán vulnerados, consideraron especialistas.

“Si la ley me dice que los derechos de las audiencias van a ser aquellos que estén en los códigos de ética de los concesionarios, que no son vinculatorios, es preocupante”, dijo Beatriz Solis, defensora de las audiencias en Radio Educación.

La experta señaló que hay ambigüedad en el capítulo del derecho de las audiencias:

“Mandar todo el tema de derechos de las audiencias a un ámbito meramente ético es insuficiente”, expuso.

El proyecto de Ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión que el Ejecutivo envió al Senado de la República la semana previa destina tres artículos, de 312, a dicho tema. El articulado se agrupa en el Capítulo IV titulado “De los derechos de las audiencias”.

En esta propuesta de ley se reconoce y fundamenta la figura de “defensoría de la audiencia”.

“El defensor de la audiencia se identifica como el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia, figura con la que deberán contar todos los concesionarios que presten servicio de radiodifusión y que deberá recaer en una persona de prestigio”, indica el documento.

En la Ley se establece que la actuación de la defensoría de audiencia se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia y hará valer los derechos de la audiencia, según los códigos de ética de cada concesionario.

El planteamiento tampoco resultó del agrado del ala izquierda en el Senado de la República.

En contraste con la propuesta enviada, la idea de esta fracción es establecer una figura que sea independiente a los concesionarios, como una especie de ombudsman, que sea el encargado de supervisar y dar seguimiento a las quejas de los ciudadanos, de acuerdo con Hugo Otilio, asesor del senador perredista Luis Sánchez.

“Proponemos la creación de la figura del ombudsman dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)”, dijo el asesor.

Los usuarios pueden presentar quejas, pero la idea es que el defensor sea autónomo y actúe con base a una reglamentación que debe cuestionar a la empresa sus decisiones, así como ordenarle que restituya programación si fuese necesario, comentó el político.

Gabriela Delgado, portavoz de la asociación A Favor de lo Mejor, consideró que la iniciativa del Ejecutivo federal contiene avances destacables, pero en México prevalece el rezago en esta materia, dado que la figura del defensor de audiencias no es característica común entre los concesionarios de radio y televisión en el país.

“Creemos que se están dando las bases para que en algunos años se participe en la toma de decisiones, pero faltaría que la propuesta fuera vinculante, porque si no quién va a vigilar que se cumpla”, añadió Delgado.

Los derechos de las audiencias derivan de dos derechos fundamentales en las sociedades democráticas; por un lado está el derecho a la libertad de expresión y por otro el derecho a la información.

“Con este binomio se juega para decir cuáles son estos derechos, porque así como en México nos suena novedoso, también en el mundo no hay una definición tal cual, sino que hay aproximaciones”, expuso Delgado.

A Favor de lo Mejor propuso establecer como facultad del IFT la elaboración de políticas y campañas que den a conocer a la audiencia sus derechos, así como los mecanismos para hacerlos valer y recomendaciones a los responsables de programación para la protección de los derechos de la audiencia.

En opinión de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, la autoridad debe ser la voz de las audiencias, de los consumidores y de los usuarios.

“El proceso ha sido largo, se han enfrentado fuertes resistencias. Es ahora o seguirá siendo cada vez más tarde. El mayor movimiento social de los últimos años, aparte de las autodefensas, lo fue el levantamiento juvenil contra el monopolio de los medios de comunicación, especialmente el de la televisión. Lo menos que pueden hacer es responder a esta demanda social”, comentó Calvillo.

En el contexto internacional, este derecho va más allá de la protección de la audiencia respecto del servicio de radiodifusión, dado que tiene un alcance con relación a cualquier programa dirigido al público en general que tenga por objeto entretener, informar y/o educar y no está limitado a un medio de propagación en específico, sino a cualquiera que tenga acceso el público en general.

La directiva de servicios de comunicación audiovisual del Parlamento Europeo ha emitido diversas directrices sobre este tema con la idea de que los miembros de la Unión incluyan las recomendaciones en sus regulaciones locales.

La recomendación 2010/13/UE establece responsabilidades de los encargados de seleccionar los contenidos que se van a difundir y recomienda que la audiencia sepa exactamente quién es el responsable de su contenido.

Los mexicanos pasan en promedio 4 horas al día frente al televisor