Las principales firmas de telecomunicaciones que operan en México tienen algunas reservas respecto a los lineamientos que deberán seguir para colaborar con las autoridades en los casos de investigaciones criminales.
Telefónica, Alestra y Nextel están preocupadas principalmente por la privacidad de los datos de sus clientes, la definición precisa sobre quiénes pueden solicitar la información y el periodo durante el cual deben almacenar los contenidos.
"Si vemos la cantidad de transacciones que se hacen diariamente a través de internet y consideramos que se tiene que almacenar cada una por dos años, es un costo enorme. Estamos pidiéndole a las autoridades reconsiderar todos estos factores", comentó Ángel Martínez, director de Asuntos Jurídicos y Nuevos Negocios de Alestra.
Una de las cuestiones de principal preocupación para los operadores de servicios se refiere a la privacidad de los datos personales de sus clientes, incluida la geolocalización de los equipos.
Al respecto, Telcel, de América Móvil, solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) enumerar cada una de las instancias de procuración de la justicia facultadas para pedir información y solicitudes de geolocialización y especificar los delitos por los cuáles se pueden solicitar dichos datos.
Asímismo, la empresa de Carlos Slim, solicitó aumentar el plazo de entrega de información de localización geográfica a 24 horas a partir de la validación de la solicitud, ya que el reglamento del IFT establece un periodo de 4 horas como máximo.
"Tal como está la ley, el director de seguridad pública de Iguala podría habernos pedido los datos de geolocalización de todos y nosotros habríamos tenido que entregarlos o los empleados íbamos a la cárcel. Es un riesgo muy grande, el IFT tiene un gran reto para que los intercambios de información sean seguros y responsables", dijo Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación de Telefónica México.
Nextel señaló que las firmas de telecomunicaciones están a favor de hacer lo necesario para mejorar el clima de seguridad en el país.
Sin embargo, las empresas requieren que se dé un trabajo conjunto con las autoridades en el cual "se tomen en cuenta las realidades tecnológicas del día de hoy y las demandas de lo que en papel puede sonar muy efectivo y positivo, pero que aterrizados a la realidad puede ser inoperante", explicó Antonio Garza, vicepresidente de asuntos jurídicos de Nextel en México.
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