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La modificación a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones es la oportunidad para mejorar las condiciones de competencia, impulsar las inversiones y mitigar la litigiosidad, aseguró la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel, Cristina Ruiz de Velasco.
"Consideramos que debe profundizarse el espíritu de competencia que anima a la reforma constitucional; sería preocupante que el nuevo marco regulatorio diera pasos en sentido contrario a la consolidación de mejores condiciones de competencia que todos esperamos", destacó.
En el marco del congreso Retos y Oportunidades en el Mercado de las Telecomunicaciones en México, Globalcom 2013, Ruiz de Velasco dijo que para Nextel hay aspectos que deben precisarse en las leyes secundarias, como el derecho a la prórroga de las concesiones.
"Mantener el derecho de los concesionarios a la prórroga de sus concesiones y permisos ayudará a dar certidumbre jurídica a los inversionistas y propiciar que las inversiones necesarias se mantengan hasta el final de la vigencia de una concesión", argumentó.
Asimismo, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones debe establecer las condiciones y términos de las contraprestaciones a pagar al gobierno federal por la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Si bien, expuso, la reforma lo faculta para determinar las contraprestaciones para el otorgamiento de concesiones y autorización de servicios adicionales, resultaría óptimo que también determinará pagos que sustituyan los derechos por uso de espectro y aprovechamientos vigentes.
Con ello habría un esquema integral en el que la determinación de cánones no respondería a fines exclusivamente recaudatorios, subrayó Ruiz de Velasco.
Por otro lado, ya que la reforma elimina la posibilidad de que los jueces otorguen suspensión, resulta crítico que las causales de revocación de una concesión sean claras y suficientemente graves. "De lo contrario debe proceder la revocación únicamente por causas reiteradas y previa imposición de sanción pecuniaria", opinó.
Argumentó que la instalación de infraestructura se ha convertido en un verdadero problema a nivel local, por lo que es fundamental que se establezcan requisitos homologados que faciliten y simplifiquen su creación a nivel estatal y municipal.
Señaló que a efecto de garantizar equidad entre el operador mayorista de la red pública compartida y los concesionarios, resultará necesario un esquema en el que dicho agente sea declarado dominante.
Asimismo, que el precio de los servicios que ofrezca esté orientado a costos y que tenga las mismas cargas tributarias que el resto de los operadores por el uso del espectro, ya que el objetivo es evitar una competencia desleal.
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