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Más acceso a Internet con la reforma en telecomunicaciones

12 febrero 2014 4:47 Última actualización 08 abril 2013 8:11

[Bloomberg] La propuesta plantea que haya una política de inclusión digital. 


 
Adrián Arias
 
Los accesos fijos a Internet podrían aumentar hasta 20% y las conexiones a la banda ancha móvil 60% en los próximos 4 años, por la posible aplicación de las medidas que propone la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, dijeron analistas consultados.
 
No obstante, indicaron, también existe el riesgo de que la estructura del mercado no se modifique y se inhiba la entrada a nuevos competidores.
 
La reforma en materia de telecomunicaciones que se discutirá en el Senado en las próximas semanas, establece que el Estado elaborará una política de inclusión digital que permita que 70 % de los hogares y 85 % de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, cuenten con accesos a Internet con una velocidad para descarga de información, basada en el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que deberá ofrecerse a precios "competitivos".
 
Cobertura
 
El gobierno también impulsará medidas para garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
 
Telecomunicaciones de México (Telecomm) tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, y para planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como comunicación vía satélite, con base en un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal.
 
Para lograr este objetivo, el Estado utilizaría la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); además, se utilizarán al menos 90 megahertz (MHz) de la banda de 700 MHz para crear un esquema carrier de carriers, en donde el gobierno arrendará la infraestructura a los operadores que la requieran para la prestación de Internet de banda ancha móvil.
 
La reforma también plantea declarar a Internet como un derecho fundamental de las personas, para que los ciudadanos tengan acceso libre a la red.
 
Diana Fernández, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), explicó que la probable aplicación de estas medidas -de ser aprobada la reforma- permitiría que los accesos fijos a Internet crezcan entre 15 y 20% en cuatro años, mientras que las conexiones a banda ancha móvil repuntarían entre 50 y 60%.
 
Comentó que actualmente existe una penetración de Internet fijo de entre 30 y 33% en los hogares. En materia de banda ancha móvil, actualmente hay 11.3 millones de usuarios: "Las medidas que se proponen permitirán dinamizar la tendencia de un mayor uso de la banda ancha móvil, por lo que para 2015 se espera que siete de cada diez suscripciones móviles se conecten a la red con smartphones", indicó.
 
Guillermo Pérez-Bolde, vicepresidente de Marketing de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), explicó que estas medidas se traducirían en el abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones y en un crecimiento de hasta 20% en el comercio electrónico en el país y la banca móvil, así como la realización de más trámites gubernamentales en línea que redundarán en ahorros para los ciudadanos.
 
Previó también que se abaratan las computadoras, las tablets y los smartphones: "Vamos a empezar a ver teléfonos inteligentes de hasta mil 500 pesos que serán más accesibles para las personas", señaló.
 
Los riesgos
 
Por su parte, Gerardo Flores, secretario de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Senadores, opinó que el uso de la banda de 700 MHz por parte del Estado podría generar una distorsión de mercado, pues existe la posibilidad de que el gobierno sea un competidor de las empresas privadas o de que la estructura del mercado no cambie: "Esta banda es muy valiosa para muchos operadores, si no se licita una gran parte de ella, entonces no se genera un incentivo para que entre un nuevo competidor que haga frente al operador dominante", dijo.
 
"El riesgo de que el gobierno intervenga de más en este aspecto, es que exista una competencia desleal entre el Estado y los privados", aseveró por su parte Pérez-Bolde.
 
Miguel Flores Bernés, comisionado de la Comisión Federal de Competencia (CFC), opinó que en la medida que los operadores tengan más infraestructura para operar en el mercado, las compañías podrán eficientar sus costos y ello permitirá que los precios de los servicios sean más accesibles para los usuarios: "Concesionar la infraestructura implica trámites largos para preparar las licitaciones, aunado a que el dinero que las firmas pagan por la concesión se traslada a los usuarios. Si podemos evitar ese costo, entonces será un resultado positivo", añadió.
 
Con información de El Financiero Diario.