La nueva Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario convertirá a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, pero ahora actuará como órgano desconcentrado de la SCT.
El dictamen elimina la figura de permisionario con la que se pretendía abrir la competencia; eleva sanciones de 25 mil días de salario mínimo hasta la revocación de la concesión ante una negativa de interconexión de los concesionarios y crea un fondo nacional de seguridad.
El documento señala que entre las funciones que tendrá esta agencia será establecer bases de regulación tarifaria, en caso de que se determine que no existen condiciones de competencia efectiva.
Asimismo, será responsable de garantizar la interconexión en las vías férreas entre los diversos prestadores de servicios.
De acuerdo con el artículo 21, las concesiones y permisos se podrán revocar por aplicar tarifas que no se encuentren registradas ante la SCT; ejecutar u omitir acciones que impidan o limiten, o tiendan a impedir, o limitar el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso a los derechos de arrastre establecidos.
Asimismo, se conformará un Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, que será coordinado por la agencia.
Estos recursos, provenientes de gobiernos federales, estatales y municipales, serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, para financiar la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, y sistemas de alerta peatonal y automotor en zonas urbanas.
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